La escena lo dice todo. El 4 de mayo de 2026, mientras la Comisión del Condado de Box Elder aprobaba un gran proyecto de centro de datos de inteligencia artificial en Tremonton, Utah, activistas protestaban afuera. Sus argumentos: uso del agua, demanda energética, impacto ambiental. El proyecto contemplaba un desarrollo de 40,000 acres. La imagen —manifestantes ante una instalación de cómputo como si fuera una refinería— resume una tensión que se replica en decenas de condados estadounidenses y que, según sus críticos, tiene consecuencias que van mucho más allá del paisaje local.
Los números cuentan la historia con precisión incómoda. Según datos citados en el debate público, 78 jurisdicciones locales en todo el país han establecido moratorias temporales o prohibiciones directas a la construcción de nuevos centros de datos. Nueva York es el único estado que ha impuesto una moratoria de construcción a nivel estatal, pero 14 estados más estudian medidas similares. Entre ellos, estados de tendencia republicana como Florida, Oklahoma y Georgia.
Ese último caso ilustra la magnitud económica en juego. Solo en Georgia, una prohibición efectiva implicaría la pérdida de 552,000 empleos y 850 millones de dólares en ingresos fiscales, de acuerdo con las cifras que circulan en el debate legislativo. Son números que no pertenecen a la abstracción: son nóminas, presupuestos escolares, contratos con proveedores locales.
Pero el argumento que ha ganado más tracción en los círculos de política exterior y defensa no es económico sino estratégico. Estados Unidos y China son, hoy, los únicos dos países en posición de dominar el futuro de la inteligencia artificial. Entre ambos concentran el 90% de la capacidad de cómputo de IA en el mundo. La distribución actual otorga a Estados Unidos el 75% de esa capacidad; China controla el 15% restante. La ventaja es real, pero no es permanente.
China ha apostado por aplicaciones industriales de la IA y por tratarla como un activo militar y estratégico decisivo. Estados Unidos mantiene el liderazgo en IA generativa y en innovación, y trabaja para recuperar terreno en los ámbitos industrial y militar. La pregunta que formulan los analistas de seguridad es directa: ¿puede sostenerse esa ventaja si la infraestructura energética que la alimenta no crece al ritmo necesario?
La respuesta implícita en el movimiento anti-centros de datos es que sí, que el país puede darse el lujo de frenar esa expansión. Los críticos de ese movimiento —entre ellos voces vinculadas a la política de defensa y a think tanks cercanos a la administración Trump— responden que no, y han comenzado a usar una analogía histórica deliberadamente provocadora: detener la construcción de centros de datos en 2025 equivale, en su lectura, a haber obstaculizado la producción de tanques y aviones en 1941. Los únicos beneficiados de ese freno, argumentan, habrían sido los enemigos de entonces. Los únicos beneficiados del freno actual, sostienen, serían los de ahora.
La administración Trump ha respaldado públicamente la expansión de centros de datos, con el presidente detallando en la sede de la Agencia de Protección Ambiental los beneficios económicos de los contratos vinculados a estas instalaciones. El argumento oficial combina soberanía tecnológica con creación de empleo local: dos lenguajes que, en principio, deberían resonar tanto en distritos urbanos como rurales.
Sin embargo, el movimiento de oposición ha encontrado audiencia en comunidades preocupadas por el consumo hídrico y la presión sobre las redes eléctricas. Algunos de sus organizadores han sido señalados —«según reportes», precisa la cobertura de medios conservadores— por vínculos con redes de activismo de izquierda con posible financiamiento externo. Esas acusaciones están bajo investigación y no han sido probadas de manera concluyente.
Lo que sí es concluyente es la aritmética de la competencia tecnológica. La IA no funciona en el vacío: requiere electricidad, refrigeración, tierra y, sobre todo, tiempo de construcción. Cada moratoria retrasa esa infraestructura. Cada retraso reduce la ventaja relativa de Estados Unidos frente a un rival que no celebra audiencias públicas antes de construir un centro de datos.
Hemisferio considera que el debate sobre los centros de datos revela una tensión más profunda: la dificultad de sostener una economía de libre empresa y una postura de seguridad nacional sólida cuando el aparato regulatorio —federal, estatal y local— puede ser capturado por minorías organizadas con agenda propia. El costo de esa captura no lo paga la burocracia que firma las moratorias. Lo pagan los contribuyentes que pierden empleos, los estados que pierden ingresos fiscales y, en el horizonte más largo, el país que cede terreno estratégico a Beijing sin disparar un solo tiro. La libre empresa necesita suelo firme para construir. Cuando ese suelo se llena de trámites y protestas coordinadas, el mercado no desaparece: se va a otro lado. El problema es que ese otro lado, en la carrera por la IA, se llama China.
