La escena lo dice todo. Dos países vecinos, Uruguay y Chile, con economías exportadoras, conflictos sociales e inmigración europea, lograron institucionalizar sus disputas políticas. Argentina, con los mismos ingredientes pero en proporciones radicalmente distintas, convirtió cada elección en una refundación y cada derrota en una catástrofe moral. ¿Por qué?
La respuesta que ofrece el analista Diego Serebrennik en un ensayo publicado esta semana no apela a la psicología colectiva ni a la cultura: apela a la geografía y a la historia. Y los argumentos son más sólidos de lo que la comodidad del diagnóstico moral suele admitir.
El desfasaje original
La Constitución de 1853 fue, según Serebrennik, un «diseño institucional moderno» aplicado sobre una sociedad todavía fragmentada, con fuertes desigualdades regionales y sin una clase dirigente suficientemente homogénea que internalizara esas normas como marco común. Ese desfasaje entre ambición institucional y realidad social no se cerró solo: se amplió.
Dos procesos lo ensancharon. Primero, la inmigración europea masiva transformó la sociedad argentina en pocas décadas a una escala que no tuvo equivalente en los países vecinos. Millones de personas se incorporaron al mercado de trabajo y a la expansión económica sin una socialización cívica prolongada ni tradiciones políticas compartidas. Segundo, la exitosa inserción agroexportadora generó riqueza sin exigir la disciplina institucional que otros procesos de desarrollo sí habían requerido. La renta llegó antes que las reglas.
El resultado fue que la política tendió a organizarse como disputa por el acceso a esa renta antes que como administración de un orden común. El radicalismo canalizó a la nueva sociedad de inmigrantes mediante una relación personalista con el poder. El peronismo, dice Serebrennik, «profundizó y sistematizó esa tensión» y «desplazó el eje de la legitimidad desde las reglas hacia la capacidad del liderazgo de realizar la justicia social».
La lógica de la totalidad
De ahí surge el rasgo que el ensayo llama «disputa por la totalidad»: el desacuerdo político argentino no gira sobre cuánto Estado o cuánta redistribución dentro de un marco compartido, sino sobre quién tiene autoridad para fijar el orden total. El oponente no es un actor con quien se alterna en el poder; es un obstáculo moral que debe ser desplazado.
La consecuencia es un ciclo conocido: cada gobierno se vive como refundacional, cada derrota como intolerable, y las tradiciones que intentaron introducir mediaciones —el radicalismo poslirigoyen, las corrientes reformistas del peronismo— nunca lograron consolidarse como ejes estables. Reconocer la legitimidad del otro se interpreta como claudicación.
Paradójicamente, al absolutizar sus premisas y rechazar arreglos imperfectos, cada lado termina bloqueando las condiciones que permitirían alcanzar incluso los objetivos que dice defender. Es una trampa estructural, no un vicio personal.
Milei como anomalía
En ese marco, la irrupción de Javier Milei adquiere una lectura específica. Serebrennik la describe no solo como un episodio de ruptura sino como un posible cambio en la lógica misma del juego. El discurso de Milei es «marcadamente confrontativo», reconoce el ensayo, pero no se dirige primordialmente contra un partido adversario sino contra lo que él define como una forma agotada de disputa permanente por la legitimidad, condensada en la idea de «casta»: dirigentes que se mantienen en el poder sin producir resultados duraderos.
Si esa lectura es correcta, Milei no sería un actor más en la batalla por la totalidad, sino el primero en declarar obsoleto el juego mismo. Si la apuesta funciona o fracasa dependerá de si logra construir los resultados que justifiquen ese diagnóstico.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el ensayo de Serebrennik ilumina algo que el debate cotidiano suele oscurecer: la polarización argentina no es un problema de valores, es un problema de incentivos mal diseñados desde el origen. Una renta fácil que no exigió instituciones, una inmigración que no tuvo tiempo de civismo compartido y una constitución que llegó antes que la sociedad que debía sostenerla. El libre mercado y el estado de derecho no son lujos ideológicos en ese contexto; son precisamente las condiciones que la historia argentina nunca terminó de consolidar y cuya ausencia explica décadas de decadencia.
La pregunta que deja abierta el análisis es la más incómoda: ¿puede un liderazgo confrontativo, aunque esté orientado en la dirección correcta, construir el piso institucional que la Argentina nunca tuvo? Los detalles cuentan la historia, y en Argentina los detalles todavía no están escritos.
