La escena lo dice todo. El 1 de julio, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, se proyectó La gran Palestina, documental del mexicano Rafael Rangel. En la sala estaban Silvana Rabinovich, académica de la UNAM, y Federico Donner, profesor de la universidad argentina. Lo que siguió desató una disputa que cruzó fronteras y llegó hasta el despacho del presidente Javier Milei.
Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron la actividad como «propaganda terrorista» y pidieron explicaciones a la institución. El argumento presidencial fue que la cinta habría contado con el apoyo del Movimiento de Resistencia Islámica, es decir, el grupo terrorista Hamás. La respuesta del rector Franco Bartolacci fue rápida: aclaró que la función no contaba con autorización ni aval institucional de la rectoría, ofreció disculpas a la comunidad judía argentina y abrió una investigación administrativa para deslindar responsabilidades.
Rangel, desde México, salió a defender su trabajo. El realizador explica que el documental se armó con imágenes entregadas por colaboradores locales en Gaza —«combatientes de base y otros habitantes», en sus palabras— para mostrar los bombardeos y la destrucción. Niega que la organización Hamás como tal haya participado en la producción. «Fueron integrantes de a pie, es decir, los combatientes que están ahí arriesgando la vida con una resortera y una piedra. Nunca fue la agrupación, para nada, sino de las personas que ahí están luchando, pero también mucha gente dio materiales», declaró al diario El Universal.
Sobre Milei, el director no guardó reservas: «Sabemos quién es Milei y se puede esperar cualquier cosa de esa persona», afirmó. También cuestionó la reacción del rector: «Puedo entender la carta del rector, pero no me pareció lo más correcto, porque echó por delante a la académica», en referencia a Rabinovich, quien llevó el documental a Rosario dado que la universidad es su alma mater.
La gran Palestina es secuela de Gaza, la franja del exterminio (2024), producción que surgió luego del alto al fuego iniciado en enero de 2025 y que, según Rangel, quedó interrumpido con la reanudación de los bombardeos ordenados por Benjamin Netanyahu. «Encontraron escombros y entonces, sin avisar, Israel bombardeó. Fue un viaje al infierno, una expresión de la crueldad humana», describió el cineasta en su momento. Ambas producciones siguen recorriendo festivales mientras esperan el momento para ser subidas a internet. Gaza, la franja del exterminio está nominado al Ariel a Mejor Documental por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ceremonia prevista para octubre próximo. Rangel ya trabaja en una tercera entrega, Trilogía de un genocidio. Memoria, en la que habitantes aparecerán entre ruinas recordando cómo eran esos lugares antes de los ataques.
Los detalles cuentan la historia. La disputa tiene, al menos, tres capas. La primera es fáctica: quién entregó los materiales y en qué calidad —como organización o como individuos— es el núcleo del desacuerdo entre Milei y Rangel, y ninguna de las dos partes ha presentado documentación pública que zanje la cuestión.
La segunda capa es institucional. El rector Bartolacci optó por disculparse y abrir una investigación antes de conocer los resultados de la misma, lo que en la práctica significó validar la presión del Ejecutivo sobre una universidad pública. Esa secuencia —acusación presidencial, disculpa rectoral inmediata— merece atención independientemente del contenido del documental: la autonomía universitaria no se defiende cediendo ante el primer comunicado oficial.
La tercera capa es la que más interesa a Hemisferio. Milei ha construido buena parte de su capital político en la defensa de Israel y en la ruptura con los gobiernos que, a su juicio, toleran o normalizan el discurso de organizaciones terroristas. Esa postura tiene coherencia con una línea que el presidente ha sostenido desde antes de llegar al poder. El problema es que la herramienta elegida —presionar a una universidad pública para que rinda cuentas por una proyección no autorizada por su rectoría— es exactamente el tipo de intervención estatal en la vida académica que el liberalismo que Milei dice profesar debería rechazar. El libre debate de ideas, incluso de las ideas que uno considera erróneas o peligrosas, es el principio que distingue a una universidad abierta de un aparato ideológico. Si el Estado decide qué se puede proyectar en un aula, el principio queda comprometido, sin importar quién gobierne ni qué bandera enarbole.
