El miércoles 12 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 11 personas por conspirar en una trama de fraude matrimonial que duró una década, involucró más de mil matrimonios simulados y movió millones de dólares. El objetivo: obtener residencia legal permanente —la llamada green card— para nacionales extranjeros, en su mayoría ciudadanos chinos.
El fiscal general Todd Blanche, recién confirmado en el cargo, calificó el caso como «una de las mayores persecuciones por fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos» al anunciar los arrestos y el levantamiento del secreto sobre la acusación formal.
El mecanismo era metódico. Según la acusación, los nacionales extranjeros pagaban a un grupo de «facilitadores» hasta 100,000 dólares por su asistencia para contraer matrimonios fraudulentos y solicitar la residencia permanente. Los facilitadores, a su vez, emparejaban a cada extranjero con un ciudadano estadounidense dispuesto a participar, reclutado por «captadores» que recibían pagos de hasta 30,000 dólares por cada matrimonio simulado.
La operación no era improvisada. Blanche señaló que los facilitadores contrataban abogados, preparadores de impuestos e incluso oficiantes de bodas. La acusación incluye fotografías de supuestas ceremonias nupciales que, según los fiscales, fueron presentadas ante autoridades federales para respaldar las solicitudes de green card de sus clientes.
La red operaba principalmente desde Nueva York, pero sus tentáculos llegaban a Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania y Tennessee. Los fiscales también alegaron que los facilitadores coordinaron matrimonios en el extranjero, incluyendo China y Vanuatu.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio —punible con hasta cinco años de prisión— y conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de diez años.
Blanche afirmó que el caso demuestra «hasta dónde llega la gente para engañar a nuestro sistema migratorio» y advirtió que irán tras quienes lo hagan «sin importar cuán complicada sea la trama».
El anuncio llegó en un contexto más amplio de endurecimiento migratorio. La acusación se produce después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para limitar la ciudadanía por nacimiento, incluyendo una dirigida contra el llamado birth tourism: la práctica de mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos exclusivamente para que sus hijos nazcan con ciudadanía estadounidense. Blanche indicó que ha ordenado a las autoridades priorizar las investigaciones y persecuciones relacionadas con esas prácticas. El Departamento de Estado, por su parte, anunció la apertura de un grupo de trabajo para identificar casos de birth tourism y revocar visas a quienes participen en esa práctica o la faciliten. Según el Departamento de Estado, ese grupo de trabajo ya revocó más de 600 visas de nacionales extranjeros.
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Lo que revela este caso va más allá de once acusados y una red desarticulada. Durante al menos una década, un aparato organizado —con abogados, reclutadores, oficiantes y asesores fiscales— operó dentro del sistema migratorio estadounidense con una eficiencia que debería avergonzar a quienes diseñaron los controles. Cada matrimonio simulado no solo defraudó a las instituciones: desplazó a quienes esperan su turno siguiendo las reglas, encarece el proceso para los solicitantes legítimos y erosiona la confianza pública en un sistema que ya carga con una crisis de credibilidad.
El libre mercado prospera sobre contratos honestos y reglas claras. Cuando esas reglas se venden al mejor postor —hasta 100,000 dólares por cabeza, según la acusación—, no es el sistema el que falla: es la ausencia de consecuencias lo que invita a la siguiente trama. La pregunta que queda abierta no es si este esquema existía, sino cuántos más siguen operando mientras los fiscales celebran conferencias de prensa.
