Para entender el presente hay que volver a esa semana en que más del 70 % de Puerto Príncipe quedó bajo control de bandas armadas. Desde entonces, la pregunta que se repite en Santo Domingo es siempre la misma: ¿hasta dónde llega la responsabilidad dominicana en el caos del país vecino?
El presidente Luis Abinader respondió con una frase corta y precisa: «Nosotros no tenemos participación directa». La aclaración no es menor. Con una misión multinacional desplegada en territorio haitiano y una frontera compartida de más de 300 kilómetros, la tentación de arrastrar a República Dominicana hacia el conflicto armado ha sido constante. Abinader trazó la línea: apoyo logístico, ayuda médica humanitaria y un canal permanente de comunicación con las fuerzas internacionales. Nada más.
«Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos», precisó el mandatario. La trastienda de esa coordinación corre por la Cancillería dominicana cuando es necesario contactar al propio gobierno haitiano, un interlocutor que, según Abinader, no resulta fácil: «La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá».
La escena lo dice todo. En Dajabón, donde el puente fronterizo concentra décadas de historia comercial y migratoria entre ambos países, los soldados dominicanos patrullan hoy con vehículos blindados que antes no existían. Es la imagen visible de una apuesta que el gobierno ha construido ladrillo a ladrillo: la verja perimetral inteligente.
Esa infraestructura —dotada de sistemas de vigilancia tecnológica— ha permitido, según el propio Abinader, reducir delitos como el robo y el contrabando en la zona fronteriza. No es un muro simbólico; es una herramienta operativa que combina sensores, cámaras y presencia militar modernizada.
Los detalles cuentan la historia. El salario de los militares asignados a la frontera pasó de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos dominicanos —unos 461 dólares—, lo que representa, según el presidente, un aumento de tres veces respecto al punto de partida. A eso se suma una compensación adicional por especialidad para quienes sirven en la línea fronteriza. «A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad», resumió Abinader.
El argumento detrás de esa inversión es directo: un soldado mejor pagado es un soldado menos expuesto a la corrupción y más comprometido con su misión. En una frontera donde el contrabando y el crimen organizado han operado durante décadas con relativa impunidad, el incentivo económico es también un instrumento de seguridad.
El contexto regional complica cualquier lectura optimista. La misión multinacional en Haití fue convocada precisamente porque el Estado haitiano colapsó ante la presión de las pandillas. Puerto Príncipe, la capital, es hoy una ciudad donde las bandas armadas controlan la mayoría del territorio urbano. Frente a ese vacío, la comunidad internacional apostó por una fuerza de intervención; República Dominicana eligió ser el socio logístico, no el combatiente.
Esa distinción tiene consecuencias prácticas. Mantiene a las Fuerzas Armadas dominicanas fuera del fuego directo, preserva la soberanía de decisión del gobierno de Santo Domingo y evita que el conflicto haitiano se exporte institucionalmente hacia el este de la isla. Es, en esencia, una política de contención con rostro humanitario.
Para Hemisferio, el modelo dominicano merece atención más allá del Caribe. Abinader ha demostrado que es posible responder a una crisis migratoria y de seguridad sin ceder a la presión de convertir al Estado en actor bélico de conflictos ajenos, pero tampoco sin mirar hacia otro lado. La inversión en tecnología fronteriza, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la claridad en los límites de la intervención son los tres pilares de una estrategia que prioriza el orden interno y la soberanía nacional sobre la retórica del intervencionismo solidario.
Lo que está en juego es un principio elemental: un Estado que no controla su frontera no controla su destino. República Dominicana, por ahora, parece haberlo entendido.
