Los detalles cuentan la historia. En algún momento previo a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella apareció en imágenes difundidas en redes sociales con una camándula en la mano, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y los ministros que conformarán su gabinete. El escenario era un retiro espiritual en el Atlántico, definido por los propios participantes como la primera reunión oficial del equipo de gobierno. Hubo alabanzas. Se repartieron biblias con los colores de la campaña. El guía del encuentro afirmó que habían «empezado con el pie derecho».
La escena lo dice todo: antes de que De la Espriella tomara posesión del cargo, el petrismo ya había encontrado su primer frente de ataque.
Desde el Pacto Histórico y la administración saliente de Gustavo Petro llegó una sucesión de mensajes en X que invocaban el artículo 19 de la Constitución de 1991, el cual consagra la libertad de cultos y la neutralidad del Estado en materia religiosa. El argumento era uniforme: un retiro espiritual como acto inaugural del gabinete constituiría una vulneración del principio de laicidad.
Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue uno de los primeros en publicar. «Desconocer que Colombia es un Estado laico es una afrenta a la Constitución y un retroceso de siglos. Suplantar la Constitución con la Biblia es algo que de ninguna manera podemos tolerar», escribió.
Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, desarrolló el argumento con más detalle: «El Estado laico no tiene una religión oficial y garantiza la libertad de conciencia y de cultos para todas las personas. Esto significa que todas las confesiones religiosas son iguales ante la ley y que quienes no profesan ninguna religión gozan de la misma protección». Y añadió, con énfasis que no dejaba espacio a la ambigüedad: «Un Estado laico no es un Estado contrario a la religión; por el contrario, protege el derecho de cada persona a creer, cambiar de religión o no tener ninguna».
La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal resumió la postura del bloque en una sola pregunta: «¿Y el Estado laico para cuándo?»
El ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, subió el tono. «Absolutamente grotesco. Un Estado laico, como lo define nuestra Constitución y como se deriva de nuestra tradición republicana, no puede terminar convertido en una Iglesia o en una confesión religiosa. Oscurantismo puro y duro», publicó.
La concejala de Bogotá Heidy Sánchez, de la misma colectividad, aportó el argumento más elaborado sobre las implicaciones institucionales: «La fe de cualquier servidor público merece respeto, pero el gobierno tiene obligaciones constitucionales con un país diverso. Colombia es un Estado laico, y esa garantía existe precisamente para impedir que las creencias personales se confundan con las decisiones públicas. Si esa frontera empieza a desdibujarse, las alarmas democráticas se encienden». Según la fuente, Sánchez fue más lejos al referirse a los cambios en los discursos del mandatario entrante y preguntarse, según sus propias palabras, si los problemas del país se enfrentarían «con políticas públicas o con actos de fe».
Ninguno de los voceros del petrismo citó una norma que prohíba a un funcionario electo orar en privado o con su equipo antes de asumir. La Constitución de 1991 establece la neutralidad del Estado, no la neutralidad personal de quienes lo dirigen. Esa distinción, deliberadamente borrada en los mensajes del Pacto Histórico, revela la verdadera trastienda del episodio: no es un debate jurídico, es el primer movimiento de una oposición que llega al llano después de cuatro años en el poder.
Para Hemisferio, el desenlace es instructivo. Un movimiento que durante su gestión expandió el aparato estatal, cuestionó la propiedad privada y gobernó con retórica de confrontación de clases descubre ahora, con notable conveniencia, las virtudes del constitucionalismo liberal. El principio de laicidad merece defensa genuina; la pregunta es si quienes lo invocan hoy lo hicieron con la misma consistencia cuando gobernaban. Lo que Colombia necesita de De la Espriella no es menos fe privada, sino más Estado de derecho, más seguridad y más libre empresa. En eso, y no en el contenido de un retiro espiritual, estará el verdadero examen de su gobierno.
