La familia de Silverio Villegas González, el mexicano de 38 años abatido por un agente del ICE en Chicago en septiembre de 2025, prepara una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Los abogados sostienen que el tiroteo fue «ilegal y totalmente evitable» y que buscarán «una suma muy grande por daños y perjuicios».
Villegas vivió 18 años en Estados Unidos y era cocinero de un restaurante local, según el reclamo presentado por sus allegados. La mañana del 12 de septiembre de 2025 acababa de dejar a sus dos hijos pequeños en la escuela y la guardería en Franklin Park, cerca de Chicago, cuando agentes del ICE colocaron su Jeep delante de su auto durante la «Operación Midway Blitz», la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con la versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional, el agente fue arrastrado por el vehículo y disparó en defensa propia, temiendo por su vida. Pero la familia sostiene otra secuencia: los agentes habrían rodeado el auto, uno de ellos se habría sujetado de una ventanilla y Villegas retrocedió unos 15 metros antes de intentar alejarse hacia el carril de circulación.
Un video de vigilancia captó luego el sonido de los disparos mientras el auto perseguido terminaba estrellado contra un camión de reparto estacionado. Villegas fue declarado muerto en un hospital aproximadamente una hora después.
El punto más delicado para el gobierno está en el informe forense. Un médico determinó que Villegas recibió un disparo por la espalda, a corta distancia, y que la trayectoria fue hacia abajo, desde la parte posterior del cuello. Los abogados afirman que eso muestra que el agente estaba de pie del lado del conductor cuando efectuó el disparo mortal.
El DHS, además, no ha identificado al agente. Ninguno de los agentes del ICE llevaba cámaras corporales cuando Villegas recibió el disparo. Tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre el reclamo.
La familia presentó su acción legal en paralelo a otra demanda contra el DHS en nombre de Marimar Martínez, quien sobrevivió tras recibir cinco disparos estando en su auto por parte de un agente migratorio en Chicago. En ese caso, un análisis independiente concluyó que el agente le disparó por la espalda, en contradicción con su declaración al FBI, según los abogados de Martínez.
La Policía Estatal de Illinois anunció una investigación sobre el tiroteo en mayo. Villegas, además, no tenía «antecedentes penales y solo unas pocas infracciones de tránsito menores», según el reclamo.
La disputa ya se convirtió en una batalla política y jurídica sobre el uso de la fuerza federal en las redadas migratorias. El DHS ha justificado estos tiroteos como actos de defensa propia frente a personas que usan sus vehículos como armas. La familia de Villegas, en cambio, quiere que un tribunal federal obligue al gobierno a responder por lo ocurrido.
La escena lo dice todo: un control de tránsito, un vehículo rodeado, disparos y una muerte que terminó en una demanda millonaria contra el aparato estatal. Para el contribuyente estadounidense, el caso no es solo una tragedia humana; es también el costo de una política migratoria que, cuando se ejecuta con opacidad y sin cámaras corporales, erosiona la confianza en la ley.
Y el desenlace todavía importa más. Si la versión de la familia resiste en tribunales, el gobierno de Trump no solo enfrentará una posible compensación elevada: también quedará bajo presión por el modo en que el ICE ejerce la fuerza. En juego está un principio básico del estado de derecho: que el poder del Estado no puede operar a puerta cerrada ni quedar blindado por comunicados oficiales cuando una familia pide cuentas.
