La escena lo dice todo. Un hospital de Los Ángeles, un barrio de bajos ingresos, y una directora ejecutiva que ya vivió esta película antes.
Dr. Batchlor, CEO del MLK Community Hospital, recuerda lo que ocurrió cuando cerró el King Drew Medical Center en 2007. Las comunidades del sur de Los Ángeles quedaron sin hospital durante casi una década. Los establecimientos vecinos absorbieron el golpe: en uno de ellos, la proporción de pacientes sin seguro se triplicó, pasando de alrededor del 13% a casi el 45%, según un estudio. El resultado fue saturación, costos más altos y servicios recortados para todos, asegurados o no.
Ahora Batchlor anticipa una repetición a escala nacional.
El mecanismo de H.R. 1
La ley conocida como One Big Beautiful Bill Act introduce requisitos de trabajo para mantenerse en Medicaid y obliga a los beneficiarios a reconfirmar ingresos y domicilio cada seis meses, en lugar de una vez al año. También reduce los fondos que los estados transfieren a los hospitales a través del programa. Batchlor estima que su hospital perderá entre 80 y 100 millones de dólares al año como consecuencia directa de la norma.
Para compensar, el condado de Los Ángeles aprobó recientemente un impuesto a las ventas del 5% destinado a financiar servicios de salud locales, incluidos hospitales de red de seguridad como el suyo. Es decir: el contribuyente local pagará una porción de lo que el gobierno federal deja de financiar.
Más allá de ese hospital, un análisis citado en el reporte señala que más de 300 hospitales rurales están en riesgo de cierre por efecto de H.R. 1.
El costo para los que sí tienen seguro
El argumento central de Batchlor —y de varios analistas— es que el aumento de personas sin cobertura no es un problema exclusivo de quienes la pierden. Cuando los hospitales atienden a más pacientes sin seguro, los costos no reembolsados se trasladan al sistema: médicos y hospitales elevan sus tarifas para compensar, y esa presión llega a los planes privados.
Un informe del 2 de septiembre de Marsh —la firma consultora antes conocida como Mercer— estima que el costo de los planes de salud para empleadores aumentará un 11% en 2027, el mayor incremento en décadas, y que muchos empleadores trasladarán esos costos a sus trabajadores. El reporte atribuye parte de ese alza a «menores reembolsos gubernamentales en programas de salud pública».
A eso se suma otro factor: el Congreso decidió no renovar los subsidios del ACA en 2026, lo que ha disparado el precio de las pólizas para miles de familias que ahora optan por quedarse sin cobertura antes que pagar cientos o miles de dólares al mes. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que 16 millones de personas más estarán sin seguro para 2034.
Cierres y recortes ya en marcha
Algunos hospitales no esperaron a las proyecciones. Select Specialty Hospital en Tucson Este anunció su cierre inminente. Un hospital de Las Vegas informó en agosto que, ante la mayor demanda en urgencias, cerrará sus servicios de maternidad y UCIN a finales de septiembre.
Los hospitales de red de seguridad —establecimientos sin fines de lucro que atienden a cualquier paciente independientemente de su capacidad de pago— son los más expuestos. Cuando enfrentan presión financiera, el primer recorte suele caer sobre servicios de obstetricia y atención preventiva, los de menor rentabilidad y mayor impacto comunitario.
«Habrá hospitales que probablemente cierren como resultado de la presión financiera, y los pacientes que atendían tendrán que ir a otro lugar», advierte Batchlor. «Irán a hospitales de otros barrios, y esas salas de urgencias se saturarán».
Anthony Wright, director ejecutivo de Families USA, lo resume así: «Hay un efecto dominó que golpea con especial dureza a los no asegurados y a los recién desasegurados. Pero se propaga por familias, comunidades y el sistema de salud del que todos dependemos».
La lectura de Hemisferio
El debate sobre Medicaid suele enmarcarse como una disputa entre gasto público y disciplina fiscal. Pero los datos de esta historia apuntan a una paradoja que el libre mercado no puede ignorar: cuando el Estado retira financiamiento sin que el mercado privado llene el vacío, los costos no desaparecen, se redistribuyen. El empleador que paga un 11% más en primas, el trabajador que ve crecer su deducible, el contribuyente del condado que financia un impuesto a las ventas para sostener un hospital: todos absorben la cuenta.
La pregunta que H.R. 1 deja abierta no es si el gasto en salud debe racionalizarse —hay argumentos sólidos para exigir que los programas públicos sean sostenibles y eficientes—, sino si el mecanismo elegido transfiere costos reales a quienes menos los pueden asumir, incluidos los propios contribuyentes que la ley dice proteger. Esa es la aritmética que los próximos meses pondrán a prueba.
