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La fábrica de visas falsas

Una red en Ibagué usó inteligencia artificial, deepfakes y más de cien perfiles falsos para estafar a migrantes de siete países con promesas de visas y residencia permanente en Estados Unidos. La Dijin, Ameripol y la HSI la desarticularon.
Imagen ilustrativa
martes 14 de julio de 2026

La escena lo dice todo. Al otro lado de la videollamada aparecía un funcionario consular estadounidense: acento correcto, uniforme de la agencia HSI, tono oficial. La víctima, en Costa Rica, en México o en Perú, no tenía razón para dudar. El «funcionario» era, en realidad, uno de los operadores de un call center clandestino instalado en una vivienda familiar de Ibagué, con el rostro y la voz alterados en tiempo real mediante tecnología de inteligencia artificial.

Esa fue la mecánica central de una organización criminal que la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), desarticuló en una operación conjunta con el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, con apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

El resultado: cinco capturados en flagrancia, tres allanamientos y 105 elementos materiales probatorios incautados.

Cien perfiles, dos call centers, siete países

Según el coronel Elver Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la red empleaba la modalidad conocida como DeepFace para alterar rostros y acentos durante videollamadas y suplantar a funcionarios consulares y agentes de agencias gubernamentales estadounidenses. La organización administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales para captar víctimas, y utilizaba chatbots para la atención inicial, junto con técnicas de síntesis y clonación de voz.

Las víctimas se ubicaban en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú. A todas se les ofrecía lo mismo: visas y permisos de residencia permanente para Estados Unidos, a cambio de un pago que, naturalmente, no conducía a ningún trámite real.

Gracias a información de inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades localizaron los dos call centers clandestinos desde donde los capturados contactaban a sus víctimas por llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería.

El inventario del fraude

Lo incautado en los tres allanamientos dibuja con precisión la escala del negocio. Entre los 105 elementos materiales probatorios figuran más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsos del Bank of America por un valor declarado de 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta, una cámara de video, nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, un uniforme falso de la agencia HSI y 17 bloques de marihuana con un peso total de 9.180 gramos.

Los cinco capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz. Según la Fiscalía, a tres de ellos un juez de control de garantías les legalizó la captura y se les imputaron cargos por violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A los otros dos se les impusieron medidas administrativas.

Lo que el caso revela

Para entender el presente hay que volver a esa semana de allanamientos en Ibagué. Lo que esta operación expone no es solo la audacia de una banda local: es la velocidad con que las herramientas de inteligencia artificial —diseñadas, en teoría, para democratizar el acceso a la tecnología— se convierten en palanca de extorsión contra las poblaciones más vulnerables: migrantes que buscan una salida legal y que, precisamente por la opacidad y la lentitud del aparato burocrático migratorio, son presa fácil de quienes prometen atajos.

El caso también subraya algo que la cooperación entre la Dijin, la HSI y Ameripol demuestra en la práctica: cuando el Estado actúa con inteligencia compartida y sin dilaciones políticas, los resultados llegan. La pregunta que queda abierta es cuántas redes similares operan todavía en la región, aprovechando exactamente la misma brecha: la desesperación de quien necesita un visado y la sofisticación de una IA que fabrica funcionarios donde no los hay.

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