La escena lo dice todo. Mientras el plazo para ingresar indicaciones cerraba este viernes en el Senado, los municipios chilenos seguían contando lo que perderán cuando la exención de contribuciones para adultos mayores entre en vigencia. La pugna entre el Ejecutivo, los alcaldes y los legisladores ya no es solo sobre si el beneficio existe: es sobre quién lo recibe, quién lo paga y quién fiscaliza que nadie abuse.
El proyecto de megarreforma tributaria, que incluye la exención del impuesto territorial para adultos mayores, transita su segundo trámite constitucional en el Senado. El gobierno fijó que la eximición se aplicará al inmueble que el contribuyente declare como «vivienda principal» mediante una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La propiedad declarada también cubrirá bodegas y estacionamientos asociados. Si el adulto mayor posee más de un inmueble, elige ante el SII cuál constituye su vivienda principal.
Pero Hacienda no llegó al Senado solo con el beneficio: llegó con el látigo. La indicación del Ejecutivo establece que quienes obtengan la exención de forma improcedente «mediante la presentación de declaraciones maliciosamente falsas o la simulación de residencia» enfrentarán una multa del 300% del impuesto eludido y quedarán inhabilitados para acceder al beneficio en cualquier inmueble del país durante diez años. El SII quedará facultado para cruzar información con el Servel, el Registro Civil, la PDI y la Tesorería para verificar la residencia declarada.
La norma también cierra una puerta que algunos ya habían comenzado a explorar: las propiedades traspasadas en los últimos tres años a «personas relacionadas con el contribuyente» —cónyuges, ascendientes, descendientes o socios— no calificarán para la exención. La preocupación no era abstracta. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, había alertado públicamente que tras el anuncio del beneficio la gente dejó de pagar el impuesto territorial.
Para acceder a la exención, los contribuyentes deberán estar al día tanto en el pago de sus derechos de aseo como en las contribuciones adeudadas antes de que la ley entre en vigencia. Los morosos por derechos de aseo perderán el beneficio. Con esas condiciones, Hacienda intentó responder a los alcaldes que reclamaban que la medida generaría un efecto de desincentivo al pago.
El flanco financiero también recibió atención. El ministerio presentó un informe complementario que fija la compensación al Fondo Común Municipal —el mecanismo por el cual los municipios con más recursos transfieren platas a los más vulnerables— en «1.500.000 UTM anuales», monto que quedará establecido en la Ley de Rentas Municipales y se actualizará vía Ley de Presupuestos.
Desde la oposición, varios senadores ingresaron indicaciones que recogen el reclamo de los alcaldes progresistas, agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades. Los senadores Karol Cariola, Beatriz Sánchez, Claudia Pascual y Daniel Núñez, entre otros, proponen hacer el beneficio progresivo: adultos mayores con ingresos superiores a 3 millones de pesos mensuales pagarían contribuciones completas; quienes reciban entre 1,5 y 3 millones pagarían la mitad; y quienes ganen menos de 1,5 millones quedarían eximidos. La misma indicación propone extender el beneficio a las mujeres desde los 60 años.
En materia de límites por valor de propiedad, el senador Matías Walker propuso un techo de 15.000 UTM, mientras que los democratacristianos Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla sugirieron fijarlo en 4.000 UTM. La senadora Paulina Vodanovic (PS) pidió que el Fisco compense el 100% de la menor recaudación municipal, y Núñez (PC) propuso excluir del beneficio a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, el fiscal nacional y magistrados de tribunales superiores. Los senadores Manuel José Ossandón, María José Gatica y Rojo Edwards impulsaron mayor transparencia en la metodología de cálculo de las contribuciones.
Los detalles cuentan la historia. Lo que comenzó como un anuncio presidencial de alivio para los adultos mayores se ha convertido en una negociación de múltiples frentes: el Ejecutivo defiende la universalidad del beneficio mientras construye un andamiaje de sanciones para evitar el abuso; los alcaldes progresistas exigen que el dinero no llegue a quienes no lo necesitan; y los municipios con más recursos temen quedarse sin el flujo del Fondo Común Municipal.
Para Hemisferio, el principio en disputa es claro: cuando el aparato estatal distribuye exenciones sin focalización, el costo lo absorben los municipios más pobres, que dependen de ese mismo impuesto para financiar servicios básicos. Las multas y restricciones que Hacienda incorporó son una señal de que el diseño original tenía huecos evidentes. La pregunta que el Senado deberá responder es si un beneficio universal mal calibrado termina siendo, en la práctica, un subsidio regresivo financiado con el dinero de los contribuyentes más vulnerables.
