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La escala que Chile no tenía

Un equipo de siete universidades chilenas construyó el primer instrumento basado en percentiles para medir la autonomía funcional de mujeres mayores de 60 años. La herramienta, seis años en desarrollo, apunta ahora al sector público y privado.
Imagen ilustrativa
domingo 2 de agosto de 2026

Para entender el presente hay que volver a esa pregunta inicial: ¿cómo saber si una mujer mayor chilena está perdiendo autonomía antes de que la pérdida sea irreversible? Durante décadas, los profesionales de salud en Chile aplicaron el protocolo del Grupo de Desarrollo Latinoamericano para la Madurez —conocido como GDLAM— sin contar con una escala de referencia construida sobre datos de mujeres chilenas. Los parámetros existentes no eran suyos. Eran préstamos.

Esa brecha es lo que cerró el equipo liderado por el Dr. Álvaro Huerta, director del Núcleo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (Isafyd) de la UDLA Sede Viña del Mar, junto a académicos y profesionales de las universidades Andrés Bello, Playa Ancha, San Sebastián, Mayor, Viña del Mar y Valparaíso. Seis años de trabajo. Siete instituciones. Un solo objetivo: que la evaluación funcional de las mayores chilenas tuviera respaldo científico propio.

El protocolo y sus límites

El GDLAM es la herramienta estándar en América Latina para medir capacidad funcional en personas mayores. Sus pruebas son concretas y cotidianas: desplazarse, levantarse desde una silla o desde el suelo, caminar, ponerse y quitarse una polera, coordinar movimientos. Lo que no existía, hasta ahora, era una escala que dijera qué resultados son normales, buenos o preocupantes para una mujer mayor chilena específicamente.

«Hasta hace seis años, cuando comenzamos este proyecto, no se había analizado la fiabilidad del protocolo GDLAM ni existía una escala de categorización basada en percentiles para mujeres mayores chilenas», explicó el Dr. Huerta.

Sin esa referencia local, interpretar los resultados era un ejercicio con márgenes de error inaceptables para una decisión clínica o de política pública.

347 mujeres, ocho ciudades

El equipo recopiló datos de 347 mujeres mayores de 60 años residentes en distintas zonas del país: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quintero, Til Til, Santiago, Rancagua y Talca. La muestra no es solo costera ni solo metropolitana; abarca geografías y contextos distintos, lo que le da al instrumento una base representativa.

Con esos datos construyeron una escala basada en percentiles. El mecanismo es directo: permite clasificar el desempeño funcional de una persona según distintos niveles de autonomía, comparándola con mujeres de su mismo contexto nacional. La detección temprana de deterioro físico —asociado a caídas, dependencia y pérdida de calidad de vida— se vuelve así más precisa y más accionable.

«Actualmente es posible evaluar la autonomía funcional de las mujeres mayores chilenas con la certeza de que el protocolo utilizado mide esta variable con precisión», afirmó Huerta.

El estudio fue publicado bajo el título Development of a percentile-based rating scale for the GDLAM protocol to assess functional autonomy in older Chilean women en la revista científica Women.

El siguiente paso: transferencia al sistema

Los investigadores ya tienen claro que la escala no puede quedarse en una publicación académica. El Dr. Huerta anunció que «se iniciará el proceso de transferencia y difusión de esta herramienta hacia entidades públicas y privadas que trabajan con personas mayores, con el objetivo de favorecer su implementación en contextos de evaluación, intervención e investigación».

Esa proyección es, quizás, la parte más relevante del anuncio. Chile envejece. La pérdida de autonomía funcional —advierten los propios investigadores— es uno de los principales desafíos asociados a ese proceso, por su vínculo directo con caídas, dependencia y deterioro de la calidad de vida. Contar con un instrumento calibrado para la realidad local no es un detalle técnico: es la diferencia entre intervenir a tiempo o reaccionar tarde.

Lo que está en juego

La escena lo dice todo. Siete universidades, recursos académicos y años de trabajo de campo confluyeron para producir algo que el sistema de salud chileno —público y privado— no tenía y necesitaba. El resultado es un bien público en el sentido más estricto: un instrumento de medición que no requiere burocracia adicional para funcionar, solo voluntad de adoptarlo.

En un contexto donde el gasto en dependencia y cuidados de adultos mayores tenderá a crecer con el envejecimiento demográfico, herramientas que permiten detectar deterioro antes de que se convierta en dependencia total representan un ahorro concreto para el sistema y, sobre todo, más años de vida autónoma para quienes las usan. La ciencia aplicada, cuando está bien orientada, no compite con el mercado ni con el Estado: los hace más eficientes.

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