La escena lo dice todo. A días del cierre del Gobierno de Gustavo Petro, el representante a la Cámara por Antioquia Luis Guillermo Patiño grabó un video, lo publicó en sus redes y anunció que había radicado un derecho de petición ante el Ministerio de Educación. No era un gesto simbólico: era el primer paso de una ruta que, según el propio congresista, podría terminar en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
El propósito declarado es obtener cifras y documentos oficiales que permitan establecer si hubo incumplimientos durante la administración saliente. Patiño lo dijo sin rodeos: «El mayor desastre que pudo haber hecho Petro en su Gobierno fue destruir la educación y acabar con la esperanza de muchos niños y jóvenes».
Un millón de niños fuera del sistema
El señalamiento más grave que lanzó el congresista —y el que espera documentar con respuesta oficial— es que más de un millón de niños, niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo. La cifra, si se confirma, representaría un retroceso de proporciones históricas para un sector que el petrismo prometió transformar desde el primer día de gobierno.
El representante no se detuvo ahí. Según expuso, el país enfrenta un déficit superior a los 50 billones de pesos para atender las necesidades de infraestructura escolar, y más de 40.000 sedes educativas requieren intervención urgente por el deterioro de sus instalaciones. Cincuenta billones de pesos: una cifra que equivale a años de inversión acumulada y que, de ser exacta, habla de un aparato estatal que prometió más de lo que fue capaz de ejecutar.
El Icetex y la promesa incumplida
Otro flanco del cuestionamiento apunta al Icetex. Patiño aseguró que más de 40.000 jóvenes habrían quedado sin acceso a los beneficios del instituto para financiar sus estudios superiores. La afirmación es grave porque el Gobierno Petro hizo de la «educación gratuita» uno de sus estandartes de campaña y uno de sus compromisos más visibles ante el electorado joven.
En la misma línea, el congresista cuestionó la promesa de crear 500.000 nuevos cupos universitarios y sostuvo que esa meta no se habría materializado. El Ministerio de Educación tendrá que responder, en el plazo legal, con documentos que respalden o desmientan esas afirmaciones.
La salud del magisterio, en crisis
El tercer frente que abrió Patiño es el del modelo de salud del magisterio. Según señaló, el sistema atraviesa una profunda crisis y presenta un déficit cercano a los tres billones de pesos. Las decisiones adoptadas durante este Gobierno, afirmó, habrían afectado la atención de los maestros y sus familias. Un sistema de salud para docentes con un hueco de tres billones no es un problema administrativo menor: es una señal de que el dinero de los contribuyentes destinado al bienestar del magisterio no llegó a donde debía.
La trastienda del derecho de petición
La solicitud radicada ante el Ministerio abarca infraestructura educativa, situación del Icetex, salud y bienestar docente, y otros asuntos que el congresista considera prioritarios. Una vez reciba la respuesta oficial, Patiño anunció que revisará la información en detalle y, si encuentra hallazgos que lo justifiquen, trasladará la documentación a la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República.
Los detalles cuentan la historia. El derecho de petición es un instrumento ordinario, pero en este contexto funciona como un inventario público de lo que el Gobierno prometió y —según la acusación del congresista— no cumplió. La respuesta del Ministerio, o su silencio, dirá mucho.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión que atravesó todo el mandato de Petro: la brecha entre el relato y la realidad. Un gobierno que convirtió la educación en bandera política dejará, según estos señalamientos, más de un millón de niños sin escuela, decenas de miles de jóvenes sin crédito educativo y un magisterio con un sistema de salud en déficit. Si los organismos de control confirman las irregularidades que denuncia Patiño, el costo lo habrán pagado, como siempre, los más vulnerables y los contribuyentes que financiaron promesas que no se cumplieron. La transparencia que pide el representante no es solo un derecho ciudadano: es la condición mínima para que Colombia pueda, con el próximo gobierno, empezar a reparar el daño.
