El 27 de julio de 2026, mediante el Acuerdo Presidencial 105-2026, Daniel Ortega y Rosario Murillo nombraron a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como representante y delegado de la Presidencia de la República para la Promoción y Desarrollo del Deporte. El cargo, según el texto oficial, se ejercerá sin goce de salario.
La formalidad burocrática no engaña a nadie. Maurice, de 40 años, ya ejercía esa función de facto desde noviembre de 2024, cuando la prensa oficialista comenzó a presentarlo como delegado presidencial en actos deportivos. Antes de esa fecha, no se le conocía vínculo alguno con el mundo del deporte.
Lo que sí se conoce es otro antecedente, más incómodo para la familia gobernante: apenas tres meses antes del nombramiento, en abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Maurice junto a su hermano Daniel Edmundo por su vinculación con la extracción y comercialización de oro en Nicaragua. El mismo paquete de sanciones alcanzó al viceministro de Energía y Minas y a siete empresas mineras.
El nombramiento deportivo llegó, pues, como respuesta a las sanciones —o al menos en ese contexto—. La escena lo dice todo.
Maurice no es un caso aislado. Es la pieza más reciente de un entramado que Ortega y Murillo han construido desde que el sandinismo volvió al poder en 2007. Ocho hijos —Daniel Edmundo, Maurice, Laureano, Camila, Luciana, Juan Carlos, Carlos Enrique y Rafael— ocupan cargos, dirigen empresas o controlan medios de comunicación del Estado. Maurice, por ejemplo, dirige el canal de televisión 13 junto a su hermana Camila. Estudió Comunicación Social en la Universidad Centroamericana, un centro jesuita clausurado y expropiado por el propio Estado que hoy gobierna su familia.
La arquitectura de ese poder tiene una piedra angular: Rosario Murillo. Nacida en Managua el 22 de junio de 1951, se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1969 y desarrolló una carrera como poeta y editora cultural antes de convertirse en la pareja de Ortega durante el exilio en Costa Rica. Su influencia creció de forma decisiva tras la derrota electoral sandinista de 1990 y se consolidó en los años noventa, cuando asumió el control de la dieta y la medicación de su esposo tras dos infartos silenciosos que este sufrió en 1994.
Un episodio de 1998 marcó el punto de inflexión definitivo. Zoilamérica Ortega Murillo, hija de Murillo de una relación anterior y adoptada por Ortega, lo acusó públicamente de haberla abusado sexualmente durante casi catorce años. Murillo respaldó a su esposo, calificó la denuncia de falsedad y excluyó a su hija del círculo familiar. Zoilamérica vive desde entonces exiliada en Costa Rica. Desde ese momento, la lealtad incondicional a Ortega se convirtió en el criterio central de organización del clan.
El ascenso institucional de Murillo siguió una trayectoria metódica. Con el retorno de Ortega a la presidencia en 2007, fue nombrada coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cargo desde el cual operó como jefa de gabinete de facto. El 10 de enero de 2017 asumió formalmente como vicepresidenta, fórmula que se repitió en las elecciones de 2021. En febrero de 2025, una reforma constitucional impulsada por el propio Ortega la convirtió en copresidenta, con potestad para coordinar los órganos legislativo, judicial, electoral y de control. La misma reforma estableció que si uno de los dos copresidentes muere o renuncia, el otro concluirá el período de seis años, blindando jurídicamente la continuidad del poder dentro de la pareja.
Analistas y medios regionales la describen ya como la mujer con mayor concentración de poder absoluto en la historia política reciente de América Latina.
El sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas, otrora cercano al sandinismo, ha señalado que Ortega terminó reproduciendo el mismo vicio que combatió en su juventud contra la dictadura de los Somoza, sustituyendo el programa histórico del Frente Sandinista —contrario a la reelección y al nepotismo— por un Estado convertido en patrimonio de la familia gobernante. La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, prohíbe expresamente el nombramiento de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad en las instituciones que dirigen los funcionarios públicos. Esa norma ha sido ignorada de forma sistemática por la propia pareja que gobierna.
Para Hemisferio, el caso nicaragüense ilustra con precisión quirúrgica lo que ocurre cuando el aparato estatal deja de ser una institución y se convierte en herencia familiar: las leyes se redactan para blindar al clan, las empresas estratégicas —incluyendo la minería de oro— se asignan a los herederos, y las sanciones externas se responden con nuevos nombramientos. El contribuyente nicaragüense financia una estructura que no le rinde cuentas. Lo que Vargas llama reproducción del somocismo no es una paradoja histórica; es el desenlace lógico de todo proyecto que antepone el poder familiar al estado de derecho. El nombramiento deportivo de Maurice, tres meses después de sus sanciones en Washington, no es un detalle anecdótico: es el manual de operación del régimen en una sola firma presidencial.
