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La deuda invisible de Panamá

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que el 70% de los niños indígenas vive en pobreza monetaria y que en la comarca Ngäbe Buglé hay apenas 3.3 profesionales de salud por cada 10,000 habitantes. Las cifras exponen décadas de gasto público que no llegó.
Imagen ilustrativa
martes 11 de agosto de 2026

Los detalles cuentan la historia.

En la comarca Ngäbe Buglé, por cada 10,000 habitantes hay 3.3 profesionales de salud. El promedio nacional es 33.3. La brecha no es marginal: es una décima parte. Esa sola cifra, extraída del Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Indígenas en Panamá 2026, resume mejor que cualquier discurso lo que ha fallado.

El documento fue elaborado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo de Unicef y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (Conamuip). Su diagnóstico es sistemático y sus números, contundentes.

Panamá tiene 315,089 niños, niñas y adolescentes indígenas. De ellos, 220,562 —el 70%— viven en pobreza monetaria. El 39% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica, una condición que el propio informe advierte puede afectar su crecimiento y desarrollo. No son estadísticas abstractas: son cuerpos que no alcanzan su potencial.

La pobreza multidimensional es aún más severa dentro de las comarcas. Alcanza el 94% en Ngäbe Buglé, el 91.5% en Emberá-Wounaan y el 87% en Guna Yala. Tres territorios, tres emergencias silenciosas.

El sistema educativo no compensa lo que el sistema de salud no cubre. El 15% de la niñez indígena no asiste a la escuela. El 42% presenta sobreedad o rezago educativo. Solo el 31% tiene acceso a internet. Y el informe advierte sobre las dificultades para garantizar una Educación Intercultural Bilingüe que responda a las características culturales y lingüísticas de cada pueblo. «La educación brindada no es acorde a la cultura», declaró un adolescente de 14 años de la comarca Ngäbe-Buglé, quien también señaló que algunos docentes no hablan su idioma.

La exclusión no se detiene en las fronteras comarcales. El 58% de la niñez indígena vive fuera de los territorios comarcales, donde también enfrenta discriminación. Una niña de 13 años residente en Santa Ana relató que ha sido discriminada por su color de piel y por hablar su idioma.

Los números sobre maternidad adolescente son igualmente graves. El 59% de las madres adolescentes del país son indígenas. El 70% de las adolescentes indígenas que son madres deja de asistir a la escuela. Cuatro de cada cinco adolescentes en uniones o matrimonios infantiles son indígenas, y el fenómeno afecta al 15% de las jóvenes indígenas de entre 15 y 17 años.

A esto se suma que solo el 21% de los niños, niñas y adolescentes indígenas cuenta con cobertura de seguridad social, y que cuatro de cada cinco niños sin registro de nacimiento en Panamá son indígenas. Sin ese documento, el acceso a servicios públicos y programas sociales se vuelve un laberinto.

El trabajo infantil entre la población indígena triplica el promedio nacional, según el informe. «Los niños tenemos derecho a ir a la escuela a estudiar, no a trabajar», dijo un adolescente de 14 años del distrito de Arraiján cuyo testimonio fue incluido en el estudio. La frase lo dice todo.

El informe plantea como prioridades aumentar la inversión pública, mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición, fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y reforzar la protección frente al trabajo infantil, las uniones tempranas y la violencia de género.

Desde la línea editorial de Hemisferio, el diagnóstico apunta a una falla estructural que trasciende cualquier administración: el aparato estatal ha consumido recursos durante décadas sin traducirlos en servicios reales para las poblaciones más alejadas. Una décima parte de los profesionales de salud, el triple de trabajo infantil, nueve de cada diez niños en pobreza multidimensional en ciertas comarcas. Esos no son indicadores de subfinanciamiento marginal; son la huella de una burocracia que gasta sin llegar.

Panamá tiene la infraestructura del Canal, una de las economías más dinámicas de la región y un sistema financiero sofisticado. Que en ese mismo país un niño indígena tenga diez veces menos acceso a un médico que el promedio nacional no es una paradoja del destino: es el resultado medible de decisiones de gasto público que priorizaron otras cosas. El informe existe. La pregunta es qué se hace con él.

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