La escena lo dice todo. Mientras las investigaciones avanzan en los despachos judiciales, la firma de abogados Alzate Hernández emitió esta semana un comunicado oficial en nombre de Juliana Guerrero para desmentir las denuncias que la señalan como parte de una red de tráfico de influencias en el gobierno de Gustavo Petro.
La defensa rechazó «la existencia de reuniones, pagos o gestiones irregulares ante ministerios y agencias del Gobierno nacional», según el texto del comunicado. El pronunciamiento llegó después de que la revista Semana publicara audios, chats y comprobantes que, según el medio, señalarían a Guerrero y a su hermana Verónica de exigir dinero a contratistas a cambio de licitaciones públicas.
En el comunicado, la propia Guerrero explicó su silencio previo: «Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades».
Sin embargo, indicó que ese silencio había llegado a su límite. «Ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra», añadió, según el comunicado reproducido por Infobae Colombia.
Los detalles cuentan la historia. La denuncia no proviene de un actor político marginal ni de una fuente anónima: la revista Semana —uno de los medios de mayor circulación en Colombia— presentó, según la fuente, material documental concreto: audios, conversaciones de chat y comprobantes. La defensa no ha cuestionado públicamente la autenticidad de ese material, sino que ha negado las conductas que se desprenderían de él.
Guerrero es descrita en las fuentes como una figura cercana al presidente Gustavo Petro. Su vínculo con el entorno presidencial es precisamente lo que convierte el caso en un asunto de interés público que va más allá de las circunstancias individuales: si las denuncias se confirman en sede judicial, el esquema descrito implicaría el uso del acceso al poder para desviar recursos del Estado hacia particulares.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La revelación de Semana se produce en un momento en que el gobierno Petro acumula cuestionamientos sobre la gestión contractual en diversas entidades. En paralelo, la nueva administración de Abelardo de la Espriella ya alertó a la Procuraduría sobre un contrato de 786.000 millones de pesos para llevar agua a Santa Marta, advirtiendo presuntas inconsistencias en la planeación, la estructuración técnica y el respaldo presupuestal del proyecto, según información de Infobae Colombia.
Las investigaciones siguen abiertas. La defensa de Guerrero ha anunciado que actuará en los escenarios judiciales correspondientes, y el comunicado cierra con la invitación a esperar los resultados de esos procesos antes de emitir juicios definitivos.
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Lo que está en juego aquí es un principio elemental: el contrato público es dinero de los contribuyentes, no una moneda de cambio para quienes tienen acceso a los despachos del poder. Si la justicia colombiana confirma lo que los documentos de Semana sugieren según la fuente, quedará en evidencia una vez más que el aparato estatal, cuando se gestiona sin controles efectivos, se convierte en el activo más rentable para quienes orbitan cerca de quien manda. La defensa tiene razón en un punto: corresponde a los jueces, no a los titulares, establecer la responsabilidad. Pero la ciudadanía tiene el derecho —y la obligación— de exigir que esa justicia llegue, y que llegue rápido.
