La sesión comenzó a las 11 de la mañana del 9 de junio y no terminó hasta pasadas las 2 de la madrugada del día siguiente. Alfredo Ignacio Harz Castro llegó acompañado de sus abogados Salvador Vial y Josefina Gutiérrez; al frente lo esperaba Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Lo que quedó registrado en esas horas —122 páginas, 96 de testimonio y el resto de documentos anexados— es hoy una pieza central de la investigación penal contra el Grupo Sartor.
Harz era el segundo accionista del grupo, con el 18% de la matriz, por detrás de Pedro Pablo Larraín Mery, quien controlaba el 60%. El tercero era Óscar Ebel, con el 10%. Ebel se autodenunció en diciembre de 2024; Harz decidió colaborar con la fiscalía en marzo de este año. Su declaración, hasta ahora reservada, dibuja un cuadro de concentración de poder que, según él, no dejaba margen para el disenso.
«Pedro Pablo Larraín es el controlador y la 'mente' detrás del Grupo Sartor», dijo Harz ante el fiscal. «Pedro Pablo tiene una personalidad marcadamente dominante, y contradecirlo no era fácil. Su actitud era conocida de forma transversal en Sartor, donde existía una especie de temor reverencial respecto de él entre los empleados». El propio declarante admitió no haber tenido el coraje de renunciar: «Lo traté con mi psicóloga; llegamos a practicar formas en las que podía renunciar, pero nunca me atreví».
Uno de los pasajes más explosivos del testimonio es la acusación de destrucción de evidencia. Según Harz, el viernes 20 de diciembre de 2024 —el mismo día en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ordenó la intervención de la AGF y la caducidad de su autorización para operar— Larraín le entregó un celular nuevo y le instruyó deshacerse del anterior y borrar su contenido. «Lo mismo hizo Larraín con su celular y con los de otros altos ejecutivos de Sartor», agregó el declarante.
El testimonio también señala pagos que Harz califica de irregulares: «Pedro Pablo se está pagando a sí mismo periódicamente más de $20 millones de pesos líquidos mensuales con fondos de Asesoría e Inversiones Sartor S.A. Ignoro a qué concepto obedecen esos montos», declaró. Harz precisó además que familiares suyos tienen inversiones acreditadas en Sartor por $547 millones en pesos y otros US$558 mil.
El capítulo de Azul Azul completa el retrato. Según Harz, la idea de adquirir la sociedad que controla el Club Universidad de Chile fue de Larraín, quien habría reconocido que «no podía ser la cara visible de esta adquisición, porque siempre ha estado muy identificado con la Universidad Católica». Harz dijo haberse opuesto; Larraín, según el relato, reaccionó con enojo y lo trató de desleal. Para financiar la operación, Harz declaró que se contempló usar $2.000 millones del FI Sartor Táctico, $1.000 millones del FI Sartor Leasing y $1.000 millones del FI Sartor Proyección: es decir, fondos de aportantes particulares e institucionales.
Esos aportantes institucionales son parte del nudo del caso. Harz describió una «tormenta perfecta»: Larraín habría embarcado a Sartor en inversiones ilíquidas y de largo plazo justo cuando se produjeron rescates masivos —unos $30.000 millones de Sura y unos $40.000 millones de la Universidad Andrés Bello—, dejando al grupo sin liquidez para honrar las salidas. «Enfrentábamos rescates de gran magnitud que debían pagarse sin contar con la liquidez necesaria para hacerlo», testificó.
Desde que comunicó su decisión de colaborar con la fiscalía, Harz dejó de tener contacto directo con Larraín. Este, según el declarante, lo eliminó de un chat grupal de diez miembros que incluía ejecutivos, abogados civiles y penales, y el asesor comunicacional Andrés Velasco.
Los detalles cuentan la historia. Lo que emerge de esas 96 páginas no es solo la crónica de un grupo financiero que colapsó: es el relato de cómo el dinero de aportantes —personas naturales e instituciones educativas— fue administrado como extensión de los intereses personales de un controlador que, según su propio socio, ejercía un control total y sin contrapeso. La CMF intervino tarde; la fiscalía llegó después. Mientras tanto, los fondos de quienes confiaron sus ahorros al aparato Sartor financiaban adquisiciones deportivas y pagos cuyo concepto el segundo accionista del grupo dice desconocer. Esa es la pregunta que la investigación deberá responder: quién responde ante los aportantes, y con qué.
