La escena lo dice todo. Este miércoles, ante las cámaras de una conferencia de prensa en Washington, dos de los funcionarios de seguridad más poderosos de Estados Unidos pusieron nombre y dirección a su próximo objetivo: el Cártel Jalisco Nueva Generación y los funcionarios del gobierno mexicano que, según la acusación federal, lo han blindado durante años.
Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, fue el primero en hablar. Describió las nuevas medidas como una continuación de la presión contra los cárteles «que nos han dañado por demasiado tiempo». No hubo lenguaje diplomático. No hubo llamado a la cooperación bilateral. Hubo, en cambio, la declaración de que las organizaciones narcoterroristas como el CJNG son responsables de incontables muertes de ciudadanos estadounidenses, y que usan el miedo y la violencia para mantener el control sobre el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales en territorio norteamericano.
Luego tomó la palabra Terri Cole, titular de la Administración de Control de Drogas. Su diagnóstico fue más detallado y, en varios sentidos, más incómodo para Ciudad de México. Cole señaló que el CJNG, desde sus inicios hace dos décadas, se convirtió en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Y añadió algo que va más allá de la persecución criminal ordinaria: la DEA ha investigado la manera en que el cártel ha usado violencia y corrupción en México, incluyendo a varios miembros del gobierno mexicano que, según la funcionaria, han protegido al CJNG de la justicia y le han facilitado actividades como lavado de dinero, tráfico de drogas y violencia.
«Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto», dijo Cole. «Lo hicieron a través de la producción y distribución de fentanilo, un arma de destrucción masiva; por lo tanto, la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos».
La frase es jurídica y política al mismo tiempo. Al calificar el fentanilo como «arma de destrucción masiva», Washington eleva el rango del problema: ya no es un asunto de narcotráfico convencional sino de seguridad nacional con consecuencias penales de otro orden. Y al poner en el mismo renglón a los cárteles y a «los funcionarios gubernamentales», la DEA traza una línea que apunta directamente al aparato del Estado mexicano.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El anuncio llega en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa una tensión sostenida en materia de seguridad. La administración mexicana ha mantenido una política de distancia respecto a las operaciones conjuntas con agencias estadounidenses, y ha rechazado en múltiples ocasiones la presencia operativa de la DEA en su territorio. Ese contexto convierte el anuncio de Blanche y Cole en algo más que una rueda de prensa: es una declaración de autonomía operativa.
Los detalles cuentan la historia. La DEA no anunció arrestos específicos ni mencionó nombres de funcionarios mexicanos. Lo que anunció fue una dirección: agresiva, unilateral si es necesario, y con el fentanilo como eje narrativo y legal de toda la estrategia.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro es claro. Cuando una agencia federal de Estados Unidos declara públicamente que investigará a miembros del gobierno de un país vecino por proteger a un cártel narcoterrorista, el problema ya no es de política exterior: es de legitimidad del Estado. México tiene ante sí una pregunta que su gobierno ha esquivado con retórica soberanista: ¿puede un aparato estatal que, según la DEA, alberga a narcopolíticos en sus filas, ser considerado un socio confiable en materia de seguridad? La libre empresa, el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos —a ambos lados de la frontera— exigen una respuesta que no llegará en un comunicado de prensa. Llegará, si llega, en los tribunales.
