La escena lo dice todo. Un alcalde de derecha, jefe comunal de una de las comunas con menos recursos del país, recibe aplausos del oficialismo y críticas de su propio sector. Y en vez de acomodarse, decide incomodar a los dos bandos al mismo tiempo.
Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, se sentó en el programa Desde la Redacción de La Tercera y dijo lo que pocos en el debate municipal se atreven a decir con esa claridad: «Tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta».
El origen del conflicto es conocido. El gobierno impulsó la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores, una medida amplia, sin focalización. Los municipios, de manera transversal, advirtieron desde el principio que eso les generaría una merma de ingresos. Hasta ahí, el diagnóstico era compartido. El problema llegó después, cuando hubo que responder la pregunta que nadie quería contestar: ¿quién paga la cuenta?
La fórmula que salió de la comisión mixta en la Cámara de Diputados, impulsada por el gobierno, contempla compensar a todos los municipios con impuestos generales, independientemente de su nivel de recursos. Iglesias lo describe sin rodeos: recursos del Estado —que podrían destinarse a cualquier otra cosa— terminan fluyendo mayoritariamente hacia las comunas más ricas de Chile. «Es regresivo evidentemente», afirma.
El alcalde de Independencia no ahorra críticas hacia su propio sector. Reconoce que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, enfrenta una pérdida real: según sus propias palabras, perder «$13.000 millones de un zuácate» es «duro y complejo». Pero eso, dice, no convierte en justa una fórmula que usa el IVA —que pagan proporcionalmente más los ciudadanos de menores ingresos— para compensar a los municipios que más recaudan.
Del otro lado, los alcaldes de izquierda tampoco quedan bien parados en su análisis. Iglesias les reprocha haber introducido el debate sobre redistribución en una discusión que era, en origen, sobre compensación. «La discusión sobre redistribución de recursos en los municipios me parece legítima», concede, «pero ¿por qué enredarla con la materia de la compensación?». Y agrega: «Hay frases mentirosas, efectivamente. Ningún municipio queda peor ni mejor con la compensación».
La propuesta concreta de Iglesias pasa por dejar caer el artículo tal como está en el Senado —espera que eso ocurra el martes— y abrir la puerta a un veto presidencial de reposición que permita redactar un articulado más equitativo. No es todo o nada, insiste: «Hay un camino en el fondo». En el corto plazo, propone compensar con impuestos generales pero de manera gradual y decreciente, mientras el gobierno impulsa medidas para que los municipios recuperen capacidad de recaudación propia.
Sobre la unidad del sector, Iglesias lanzó una advertencia directa a quienes amenazan con abandonar la Asociación Chilena de Municipalidades desde que la derecha ganó su conducción: «Esa amenaza es insólita. ¿Quién cree que esto se soluciona dividiendo a los alcaldes en dos asociaciones?».
Los detalles cuentan la historia. Iglesias también apuntó a una falla política del gobierno: «Al gobierno le faltó conversar con alcaldes que somos de derecha, pero de comunas que tienen menos recursos». La pregunta que le deja a sus vecinos de Independencia es la misma que el debate político no ha sabido responder: ¿cómo se le explica a un contribuyente de ingresos medios o bajos que su IVA va a financiar, en proporción mayoritaria, los presupuestos de las comunas más prósperas del país?
El principio en juego es elemental: la compensación justa no es la que iguala montos nominales, sino la que no agrava las asimetrías que ya existen. Cuando el aparato estatal diseña un mecanismo regresivo —usando impuestos al consumo para subsidiar a quienes más tienen— y lo envuelve en el lenguaje de la solidaridad intergeneracional, el costo político lo pagan los alcaldes que gobiernan donde el dinero escasea. Iglesias lo sabe. Por eso habla. Y por eso incomoda a todos.
