La escena lo dice todo. Una familia de visita en Bogotá sube al cerro de Monserrate, recorre los senderos y entra a almorzar. Nadie revisa la carta. Cuando llega la cuenta —630.000 pesos— el creador de contenido Donovan Brito saca el teléfono y graba lo que describe como «un robo diferente».
El desglose que publicó en redes sociales el 15 de junio circuló rápidamente: 80.000 pesos por una bandeja paisa, 90.000 por una mojarra, 160.000 por dos pechugas de pollo, 50.000 por una picada, 20.000 por un jugo de mango y 10.000 por una botella de agua. «No pedimos cosas exóticas, fue una pechuga, un ajiaco, todo muy normal», afirmó Brito en la grabación. También reconoció que las porciones eran de buen tamaño, aunque insistió en que eso no justificaba las tarifas.
La denuncia no es un caso aislado. Antes de Brito, una joven identificada como Ana publicó en TikTok que pagó 40.000 pesos por dos almojábanas y dos tajadas de queso en el mismo cerro. En los comentarios de ese video, otro usuario afirmó que le quisieron cobrar 180.000 pesos por dos ajiacos y que tuvo que «pelear» para no pagar. Otros mencionaron cifras de 45.000 y 60.000 pesos por distintos productos.
La respuesta institucional llegó de la Superintendencia de Industria y Comercio, que señaló que los establecimientos comerciales pueden fijar sus tarifas según sus costos de operación, su ubicación y su infraestructura, siempre que esos precios estén debidamente informados y visibles para el público. En otras palabras: no hay infracción si el menú está a la vista. Hasta el cierre de esta edición, ni el establecimiento mencionado ni la administración de Monserrate habían emitido pronunciamiento alguno.
Brito, sin embargo, fue más allá del reclamo personal. Pidió la intervención de las autoridades y reclamó regulación de precios en los restaurantes del cerro. «Deberían regular los precios en cada uno de los restaurantes, que cobren precios justos», dijo en su video.
Ahí está el nudo del debate. La molestia es comprensible y el episodio tiene un valor pedagógico evidente: en zonas de alta afluencia turística, revisar la carta antes de sentarse no es un lujo sino una precaución básica. Pero la solución que propone Brito —que el Estado fije lo que puede cobrar un restaurante privado— abre una puerta que históricamente termina mal para todos, incluido el consumidor.
Los destinos turísticos con precios controlados no producen mejores experiencias; producen escasez de oferta, menor inversión en infraestructura y, con el tiempo, servicios de peor calidad. Lo que sí funciona es exactamente lo que ya existe: la obligación de exhibir precios, la competencia entre establecimientos y, sobre todo, el consumidor informado que elige con criterio. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene razón en el diagnóstico legal. El mercado en Monserrate no está roto; está incómodo para quien entra sin mirar la carta.
En el fondo, el cerro de Monserrate es un espejo de algo más amplio: la tentación recurrente, en el gobierno de Gustavo Petro y fuera de él, de responder a cada inconformidad ciudadana con más aparato regulatorio. El libre mercado no garantiza precios bajos; garantiza que quien cobre de más enfrente la competencia y la elección del consumidor. Esa es la disciplina que protege al visitante a largo plazo, no un decreto de tarifas máximas que hoy suena razonable y mañana vacía las cocinas del cerro.
