La escena lo dice todo. El 25 de julio de 2026, Abhijeet Dipke, fundador del Cockroach Janta Party (CJP), se plantó ante una multitud de seguidores en Nueva Delhi y pronunció cuatro palabras: «Es una victoria del pueblo». Horas antes, el ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, había enviado su carta de renuncia al primer ministro Narendra Modi. El movimiento que empezó como una cuenta de parodia en redes sociales acababa de derribar a uno de los integrantes del gabinete más vigilados del país.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de mayo. Las autoridades indias invalidaron el examen anual de acceso a las facultades de medicina —el National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET)— después de que un preparador advirtiera que un «guess paper», o examen de práctica, circulado en línea coincidía de manera sospechosa con las preguntas reales. La investigación policial confirmó la filtración. Según el diario Indian Express, algunos individuos pagaron hasta 5.000 rupias —alrededor de 52 dólares— para acceder al material en WhatsApp.
Los detalles cuentan la historia. Más de dos millones de estudiantes habían presentado la prueba de tres horas, según la BBC. La Comisión Médica Nacional de India ofreció este año menos de 130.000 plazas para el programa de medicina de pregrado, lo que convierte al NEET en uno de los cuellos de botella más despiadados del sistema educativo del país. Para millones de familias de recursos limitados, el examen no es un trámite: es la única puerta. Cuando esa puerta se cerró por fraude, la indignación fue inmediata. Según la Agencia France-Presse, al menos 20 estudiantes murieron por suicidio después de conocerse la invalidación del examen. Los manifestantes atribuyeron esas muertes a fallas sistémicas en el sistema educativo indio y dirigieron su furia contra Pradhan.
El CJP nació en ese clima. Su nombre alude a un comentario del presidente del Tribunal Supremo Surya Kant, quien en una audiencia sin relación con el escándalo comparó a los jóvenes desempleados con «cucarachas» y «parásitos». La ironía se convirtió en identidad. La página acumuló millones de seguidores y su fundador comenzó a organizar protestas a finales de junio. Lo que empezó con unos pocos cientos de jóvenes se transformó en la mayor movilización callejera que ha enfrentado Modi desde que llegó al poder en 2014, según Al Jazeera.
La semana previa a la renuncia fue de tensión creciente. Decenas de miles de manifestantes intentaron marchar al Parlamento pese a las órdenes policiales en contrario; las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos y bastones. Al día siguiente, los protestantes bloquearon estaciones de metro y cortaron el transporte público de la capital. Las autoridades de Delhi cerraron hasta 17 estaciones del metro en tres ocasiones distintas esa semana, según Al Jazeera, interrumpiendo el desplazamiento de millones de personas. El activista Sonam Wangchuk, quien llevaba 26 días en huelga de hambre, concluyó su protesta tras recibir garantías de que el Parlamento discutiría «la cuestión de la rendición de cuentas» por las fallas del examen. Al conocer la renuncia de Pradhan, declaró a los medios: «Esto es una victoria para la democracia».
Las tres demandas formales del CJP, establecidas el 16 de mayo, eran: la renuncia de Pradhan; garantías de que no se iniciarían causas penales contra los manifestantes; y una compensación de 10 millones de rupias —unos 104.000 dólares, según Time— para las familias de cada estudiante fallecido. El viernes 24, líderes del movimiento se reunieron con dos ministros del gobierno a puerta cerrada en Nueva Delhi. El gobierno pidió tiempo hasta el sábado por la tarde para responder sobre la renuncia. La respuesta llegó antes de lo previsto.
En su mensaje de despedida en redes sociales, Pradhan no asumió responsabilidad directa. Explicó que renunciaba para evitar que «fuerzas antinacionales» aprovecharan el caos, y afirmó que el gobierno adoptará un modelo de exámenes por computadora en el futuro. También confirmó que un examen de reemplazo se completó exitosamente en junio. Por su parte, Pralhad Joshi —quien ya supervisaba los ministerios de Asuntos del Consumidor, Alimentación y Distribución Pública, y Energía Nueva y Renovable— fue designado por la presidenta Droupadi Murmu, a propuesta de Modi, para asumir también la cartera de Educación de manera adicional, en el arreglo habitual tras una vacante en el gabinete. Joshi había declarado en mayo: «Para el próximo año, habrá exámenes impulsados por tecnología».
El portavoz del CJP, Saurav Das, anunció que los miembros del partido se reunirán «muy pronto» con el nuevo ministro. «Quien sea el ministro de Educación debe saber que la juventud está mirando», advirtió. Horas después de la renuncia, los manifestantes acordaron levantar las protestas.
El desenlace merece una lectura sin eufemismos. Un movimiento sin estructura partidaria, financiamiento opaco ni aparato sindical logró en semanas lo que la oposición parlamentaria no consiguió en meses: obligar a un gobierno con mayoría sólida a ceder una cabeza de gabinete. La pregunta que queda en pie no es si el sistema de exámenes se reformará —la presión política ahora lo hace casi inevitable— sino si esa reforma llegará a tiempo para los dos millones de jóvenes que perdieron su oportunidad este año. El aparato estatal indio tiene una deuda concreta con ellos, y el CJP ya dejó claro que sabe cobrarla.
