La escena lo dice todo. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este jueves revisar la disputa de una iglesia de Kentucky que quiere construir una gruta de oración en su propiedad, un caso que pone bajo la lupa qué constituye una «carga sustancial» sobre el ejercicio religioso bajo la ley federal de uso de suelo.
El centro del pleito es un proyecto de 16 por 39 pies que, según registros judiciales, incluiría un santuario a la Virgen María, una plaza, un sendero para caminar y un muro de contención. Ryan Gardner, consejero principal de First Liberty Institute, que representa a los Misioneros de San Juan Bautista, dijo a Fox News Digital que el caso va mucho más allá del santuario propuesto en Park Hills, Kentucky.
«Es un caso enorme para la libertad religiosa porque puede afectar cada sola ley de zonificación en este país», dijo Gardner.
La iglesia pidió en marzo de 2021 un permiso de uso condicional y una variación para construir la gruta detrás de su edificio, en honor a la aparición de la Virgen María a Santa Bernadette en Lourdes, Francia. El edificio de la iglesia existe desde hace casi un siglo y precede a la ordenanza de zonificación de Park Hills, adoptada en 1974.
Pero la trastienda del caso es más enredada de lo que su versión resumida sugiere. El proyecto involucraba una parcela adyacente que estaba sujeta inicialmente a un arrendamiento perpetuo, el cual se transferiría a la organización religiosa como condición para aprobar la obra. Y, a diferencia de muchos conflictos sobre uso de suelo religioso, Gardner dijo que la disputa inicial no fue con el gobierno local.
La Junta de Ajuste de Park Hills aprobó el permiso en abril de 2021. Sin embargo, dos propietarios vecinos, Joel y Elizabeth Frederic, objetaron y cuestionaron la decisión ante un tribunal estatal de Kentucky.
Un tribunal de primera instancia falló a favor de la iglesia, pero la Corte de Apelaciones de Kentucky revirtió esa decisión, concluyó que la junta se había excedido en su autoridad al aprobar el proyecto y determinó que no hubo violación de la ley federal de uso de suelo religioso. La Corte Suprema de Kentucky confirmó ese fallo sobre la ley RLUIPA en diciembre de 2025, lo que llevó a la iglesia a pedir revisión ante la Corte Suprema federal.
El desenlace ahora puede influir en algo mayor que una gruta. En un país donde el uso del suelo regula desde templos hasta viviendas y comercios, una definición más amplia del daño a la práctica religiosa puede recortar el margen de maniobra de las burocracias locales; una más estrecha, en cambio, reforzará el poder de los municipios para bloquear o encarecer proyectos en propiedad privada.
Para una casa que apuesta por la libertad de empresa y el gobierno limitado, el caso importa por una razón simple: cuando el aparato estatal se extiende sobre la tierra privada, la pregunta no es solo qué se construye, sino quién manda realmente sobre la propiedad. Ahí se juega una parte esencial del Estado de derecho.
Si la Corte Suprema decide que la ley federal protege con más fuerza estos proyectos, los gobiernos locales tendrán menos espacio para usar la zonificación como barrera. Si, por el contrario, valida una lectura más restrictiva, el mensaje será que la autorización administrativa sigue pesando más que el ejercicio religioso cuando se trata de ocupar suelo propio.
