La Corte Suprema de Estados Unidos declinó el lunes revisar la apelación de un exjuez de Pensilvania que fue suspendido después de publicar reiteradamente contenido político partidista en Facebook, incluidos elogios al expresidente Joe Biden y a sus políticas.
El protagonista de esta trastienda judicial es Mark Cohen, exlegislador estatal demócrata que comenzó a servir en el Philadelphia Court of Common Pleas en 2018. Según los antecedentes del caso, Cohen hizo decenas de publicaciones cargadas de política mientras aún estaba en el estrado, incluso después de haber sido advertido para que se detuviera.
Sus abogados llevaron el asunto al máximo tribunal en abril y sostuvieron que se habían violado sus derechos de la Primera Enmienda. «Permitir que los jueces sean disciplinados por el supuesto tono o volumen de un discurso lícito promueve una aplicación arbitraria, invita a la interferencia política en el poder judicial y amenaza con socavar el Estado de derecho», dijo entonces su abogado a Law.com.
También afirmó que el caso ofrecía «una oportunidad urgente» para que la Corte «restablezca la claridad constitucional» y «reafirme» la protección de los derechos de los jueces en funciones a hablar sobre asuntos de interés público. La Corte Suprema rechazó tomar el caso y denegó la petición sin comentario.
Del otro lado, la Judicial Conduct Board de Pensilvania sostuvo que el tribunal no necesitaba oír la apelación porque la actividad de Cohen en redes sociales equivalía a «aplauso partidista» y porque su suspensión fue una «aplicación directa de reglas conocidas que los jueces de todo el país han seguido durante décadas».
La corte más alta de Pensilvania concluyó que el volumen y el tono de las publicaciones de Cohen lo hacían parecer un defensor del Partido Demócrata. Entre los mensajes citados figura uno de noviembre de 2021 en el que promovió la legislación Build Back Better de Biden y dijo que su aprobación mejoraría «muchísimas, muchísimas vidas estadounidenses». Un año después, en el cumpleaños de Biden, Cohen lo llamó «un excelente presidente» y dijo que esperaba «muchos más logros».
La escena lo dice todo. No se trató de una disputa abstracta sobre redes sociales, sino de la línea que separa la expresión política de quien juzga de la obligación de mantener la apariencia de imparcialidad. Cuando un juez convierte su cuenta personal en tribuna partidista, el costo no lo paga solo su carrera: también lo paga la confianza pública en la justicia.
Para una visión institucional conservadora, el desenlace refuerza una idea elemental: la toga exige contención, no militancia. El principio en juego no es el derecho de un funcionario a opinar, sino el deber de no comprometer la credibilidad de la corte con activismo político visible. En un sistema que depende de reglas previsibles, esa frontera importa más que la simpatía ideológica de turno.
