La Corte Suprema de Estados Unidos abrió este lunes su nuevo term con una agenda cargada y un clima de presión política que no afloja. La escena lo dice todo. John Roberts, rodeado de sus ocho colegas, llamó al tribunal a sesión pública a las 10 a. m. EDT, con dos alegatos orales programados y un primer caso de peso: una disputa entre el gobierno federal y un estado sobre la responsabilidad de las compañías petroleras y de gas por daños vinculados al cambio climático.
No será el único frente abierto. En el calendario de argumentos ya aparecen apelaciones de alto perfil en torno al poder del Ejecutivo, los derechos de armas, la libertad religiosa y las reglas de voto. La nueva etapa del tribunal arranca, además, con renovada preocupación pública y política por sus resoluciones recientes, por la seguridad personal de los magistrados y hasta por su futura composición.
Roberts dirige una corte que sigue lidiando con una percepción negativa sobre su papel como actor no político encargado de hacer cumplir la ley y la Constitución. Thomas Dupree, abogado de apelaciones y exalto funcionario del Departamento de Justicia, dijo que el jefe del tribunal está en una posición difícil porque es «un institucionalista y un tradicionalista en un momento de la historia de nuestra nación en el que muchas instituciones y tradiciones han estado bajo presión como no lo han estado en mucho tiempo». Según Dupree, Roberts intenta «ir contra la corriente» al insistir en esas tradiciones institucionales que han gobernado Washington durante años.
El nuevo term también traerá más disputas constitucionales sobre el poder del Ejecutivo, con choques actuales o previstos en inmigración, reformas a la burocracia federal y, posiblemente, los proyectos de construcción del salón de baile de la Casa Blanca y del Kennedy Center. La agenda confirma que el centro de gravedad del tribunal vuelve a estar en la frontera entre la autoridad presidencial y los contrapesos legales.
Si la historia reciente sirve de guía, las decisiones no serán lineales. El último term dejó tanto derrotas como victorias para Donald Trump y sus aliados. Perdieron en temas de aranceles recíprocos generalizados, ciudadanía por nacimiento y remoción de gobernadores de la Reserva Federal. Pero ganaron en varias políticas migratorias, redistribución de distritos a mitad de década, gerrymandering político y gasto de campaña federal.
Por ahora, la mayoría conservadora de 6-3 ha respaldado en gran medida el poder del gobierno, especialmente en una serie de decisiones preliminares de su llamado «shadow docket» que permiten a Trump avanzar —por ahora— en varios asuntos. El Departamento de Justicia de Trump ha ganado más del 70% de sus casos de emergencia ante la Corte Suprema desde 2025, en solicitudes que piden a un tribunal desafiante que suspenda decisiones mientras continúa la disputa de fondo.
Ese dato importa más allá de la coyuntura. Cuando un tribunal se convierte en el campo de batalla donde el Ejecutivo prueba hasta dónde puede estirar su autoridad, el costo institucional termina pagándolo el contribuyente, el estado de derecho y la propia confianza pública en las reglas del juego. La pregunta de fondo ya no es solo qué decidirá la Corte en esta temporada, sino cuánto margen seguirá concediendo al poder presidencial antes de que el contrapeso judicial deje de verse como contrapeso.
También hay una cuestión de legitimidad que nadie en la sala puede ignorar. Si la Corte quiere preservar su autoridad, necesita que sus fallos parezcan jurídicos y no políticos. En una era de presión sobre las instituciones, esa diferencia es la que separa a un árbitro de un actor más de la pelea. Y para una economía libre, para la propiedad y para la seguridad jurídica, ese árbitro no puede darse el lujo de parecer débil, errático o capturado por la coyuntura.
