La escena lo dice todo. A las 5:30 horas del 10 de agosto de 2026, los técnicos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) detectaron que algo iba mal. Los archivos estaban cifrados, los sistemas bloqueados y los servicios fuera de línea. No era un fallo técnico aislado: era un ataque.
La Dirección de Tecnología de la Información de la CC determinó, tras un análisis inicial, que se trataba de un incidente de ciberseguridad. Un programa malicioso había cifrado o bloqueado archivos, sistemas y otros recursos tecnológicos de la institución. Los ciberdelincuentes exigieron una suma de dinero para resolver el problema. El magistrado Roberto Molina Barreto confirmó a Infobae que la exigencia existió, pero precisó que «nunca se supo el monto», porque «los ingenieros no abrieron el mensaje para cortar de tajo la comunicación y así evitar una mayor infección del virus».
Esa misma mañana, la Corte suspendió el pleno previsto. Los sistemas informáticos necesarios para sus actividades habían quedado fuera de servicio. Un oficio interno de la Dirección de Tecnologías de Información, dirigido a la presidenta de la CC, Anabela Morfín, atribuyó inicialmente el problema a «inconvenientes técnicos presentados en el equipo de infraestructura hiperconvergente» de la institución. La versión oficial habló primero de dificultades técnicas temporales.
Un día después, el 11 de agosto de 2026, la Corte acordó presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. La denuncia quedó registrada el 12 de agosto en la Oficina de Atención Permanente del MP, según informó Prensa Libre, y el caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual como una denuncia por destrucción de registros informáticos.
El magistrado Molina Barreto señaló a Infobae que los magistrados fueron informados sobre la presentación de la denuncia por parte de la presidenta Morfín, pero que hasta el momento no se les había compartido copia de la misma. En la denuncia podría incorporarse, según la fuente, que un exfiscal difundió en redes sociales la existencia del problema antes de que la propia institución contara con información oficial.
De acuerdo con el Ministerio Público, la información vulnerada y los procesos afectados pudieron recuperarse. Sin embargo, las consecuencias institucionales ya estaban en marcha. La CC emitió el Acuerdo 5-2026, mediante el cual suspendió el cómputo de plazos por fallas en su Sistema Informático de Expedientes. La suspensión rige desde las 0 horas del 10 de agosto de 2026 hasta que se restablezca el casillero electrónico. Los días de la falla no se contabilizarán. La medida no afecta a quienes presenten memoriales por escrito o por correo electrónico.
Los detalles cuentan la historia. Una institución que es, por definición, el último árbitro constitucional del país quedó paralizada por actores anónimos que conocían el valor de sus sistemas y el costo de detenerlos. El ataque no fue contra un ministerio de segundo orden: fue contra el tribunal que resuelve los conflictos de poder más sensibles de Guatemala.
Para Hemisferio, el episodio ilustra una vulnerabilidad que los Estados latinoamericanos siguen subestimando: la infraestructura digital del aparato judicial es tan crítica como cualquier edificio físico, y su protección no puede depender de respuestas improvisadas. Que los ingenieros hayan optado por no abrir el mensaje de rescate —una decisión técnicamente razonable— revela también la ausencia de protocolos claros ante este tipo de extorsión. El libre funcionamiento de la justicia, condición mínima para el estado de derecho y para cualquier entorno de inversión estable, no puede quedar rehén de un virus. La pregunta que Guatemala debe responder no es solo quién atacó, sino por qué fue posible.
