La madrugada del viernes 10 de julio de 2026, mientras lideraba un operativo en Corabastos, la central mayorista de alimentos de Bogotá, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez salió al paso de las especulaciones que llevaban dos días circulando en Colombia: que el Gobierno de Gustavo Petro no reconocería el resultado de las elecciones de segunda vuelta y que las Fuerzas Militares podrían recibir órdenes de obstruir la transición.
La escena lo dice todo. En plena madrugada, con el operativo en curso, el ministro tomó el micrófono de Blu Radio y fue categórico: «No es personal, es un tema constitucional, institucional».
El detonante de la polémica había sido la propia declaración de Sánchez el día anterior, 9 de julio, cuando durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa reconoció a Abelardo de la Espriella como el presidente electo de los colombianos. La afirmación contrastaba con las declaraciones públicas de Petro, quien había manifestado no reconocer los resultados de la segunda vuelta, en la que De la Espriella derrotó a Iván Cepeda.
Pero el ministro reveló algo que hasta entonces no era público: el miércoles 8 de julio había sostenido una reunión directa con el presidente Petro para revisar el ambiente de seguridad de la transición. Según Sánchez, Petro le dijo en esa reunión: «Yo no sé por qué están diciendo eso, jamás voy a dar una orden inconstitucional». Y añadió, según el relato del ministro: «¿Por qué están diciendo que golpe de Estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden anticonstitucional, que vaya en contra de la Constitución y la ley».
La reunión, dijo Sánchez, incluyó también conversaciones con la cúpula militar y policial. El mensaje hacia adentro de las Fuerzas Militares fue el mismo que hacia afuera: la institución obedece la Constitución y la ley, y acatará los lineamientos del presidente que corresponda en cada momento, siempre que estén constitucionalmente respaldados.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia llegaba al 10 de julio con una atmósfera cargada: versiones sobre supuestas veleidades golpistas del oficialismo se multiplicaban en redes sociales y medios, alimentadas por el silencio inicial de Petro sobre el resultado electoral. El ministro calificó ese ambiente de «desinformación muy fuerte» y advirtió que ciertas apreciaciones habían sido «extrapoladas» y «llevadas a un extremo».
Sánchez fue explícito sobre el calendario: «El 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo». Y sobre el mandato de Petro: «El señor presidente me dijo: 'Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026'». A partir de esa fecha, las Fuerzas Militares seguirán los lineamientos del presidente que haya «en su momento y dentro de sus facultades, siempre y cuando estén constitucionalmente respaldadas, legalmente soportadas».
El ministro también precisó que el trabajo de seguridad del sector Defensa cubre al presidente saliente Petro, al presidente electo De la Espriella y al excandidato Iván Cepeda, para que la transición ocurra sin sobresaltos.
Sobre las acusaciones de actitudes «golpistas» por parte del Gobierno, Sánchez las descartó con algo de extrañeza: «El soldado, el policía, está pensando es en brindar la seguridad a todos los colombianos, en garantizar que haya esta transición».
Lo que está en juego es más que una fecha en el calendario. Colombia ha vivido semanas en las que la duda sobre la voluntad del aparato estatal de respetar el veredicto de las urnas actuó como un ruido de fondo que erosionaba la confianza de inversores, instituciones y ciudadanos. Que el ministro de Defensa haya salido a despejar esa duda —citando al propio Petro— es una señal de que las instituciones, al menos las castrenses, entienden que su legitimidad descansa en la Constitución, no en la lealtad a un gobierno saliente.
Para Abelardo de la Espriella, que ya avanzaba en la conformación de su gabinete y sostenía reuniones en Cúcuta, la declaración de Sánchez es el mejor salvoconducto institucional de la semana. La libre empresa, la inversión y el Estado de derecho que Colombia necesita para recuperar terreno solo son posibles si el 7 de agosto el poder cambia de manos con la misma normalidad con que lo dicta la Constitución. Esa normalidad, por ahora, parece garantizada.
