Para entender el presente hay que volver a esa semana. El viernes pasado, en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Juan Vicente Sola presentó la segunda edición de Constitución y Economía, publicada por Abeledo Perrot y Thomson Reuters. Lo acompañaron Douglas Elespe y Héctor Mairal, los mismos que estuvieron en la primera presentación, hace un cuarto de siglo.
La escena lo dice todo. Cuando el libro apareció por primera vez, Sola admitió que «nadie hablaba de esto aquí» y que el uso de modelos microeconómicos en el derecho era tildado de «contrabando ideológico». Hoy, según el propio autor, «aceptamos cosas que antes ignorábamos». La reedición irrumpe en un escenario donde, a su juicio, abunda la jurisprudencia moldeada por el análisis económico.
El argumento central de Sola es tan simple como incómodo para la tradición jurídica local: «el análisis económico es tomar las consecuencias seriamente». En lugar de indagar la «intención del legislador» de hace 150 años, propone analizar los efectos reales del texto. Para ilustrarlo recurrió a Juan Bautista Alberdi —quien concibió la Constitución como programa de gobierno— y a Domingo Faustino Sarmiento, a quien presentó como pionero del control de constitucionalidad.
Siguiendo al economista Oliver Williamson, Sola definió la Constitución como un «contrato incompleto de largo plazo» regido por un control judicial dialogante. También recordó con emoción a Edmund Phelps, con quien colaboró desde 2008 hasta el fallecimiento del economista en mayo pasado, destacando sus ideas sobre los efectos destructivos de la inflación y la relevancia de desregular para liberar la innovación.
La crítica más afilada de la tarde apuntó al corporativismo, al que Sola llamó «la metafísica de la decadencia»: un sistema de permisos individuales que reemplaza a las reglas generales y genera, en sus palabras, estancamiento y corrupción. «Somos una sociedad que cree que puede seguir reglas ejemplares y obtener resultados exitosos, pero que debe enfrentarse a una realidad siniestra, generalmente oculta», dijo, proponiendo mirar a la Argentina con el «espejo» de lo que podría ser, en una referencia a El retrato de Dorian Gray.
Elespe, profesor de la UBA y titular de la calificadora de riesgo Fix SCR, reforzó el diagnóstico desde el ángulo institucional. «En las universidades de países desarrollados la vinculación entre la ley y la economía no se discute, mientras aquí sigue en debate», señaló. Recordó que Alberdi, Belgrano y Moreno dominaban ambas materias, y advirtió que ignorar el derecho expone a economistas y al Estado a costosos pasivos y juicios externos. Su frase más directa: «Ser bueno con los malos es terminar siendo malo con los buenos. Si una sentencia protege al infractor sin prever consecuencias, desvirtúa los incentivos del sistema».
Mairal, profesor emérito de la UBA y referente del derecho administrativo, eligió una anécdota futbolística para explicar por qué las políticas públicas fracasan: un director técnico detalla jugadas en la pizarra hasta que un jugador objeta que «los otros también juegan». «Esta obviedad es ignorada por políticos que creen que los destinatarios de sus normas las aceptarán pasivamente», dijo, y lo ilustró con la licitación de bacheo de rutas nacionales, donde la falta de interesados se explicaría, según él, por el «maltrato de un cuarto de siglo» con violaciones contractuales de sucesivas administraciones. El contrapunto fue Chile: «construyó una red vial excelente respetando concesiones».
Mairal también cuestionó que el Código Civil otorgue «un poder exagerado a los jueces» para penalizar la ruptura de negociaciones previas, lo que a su juicio ahuyenta inversores, y lamentó que la Ley Bases omitiera el sistema de notice and comment —publicación previa y comentarios—, sacrificando transparencia administrativa.
Entre los asistentes se encontraban Alejandro Fargosi, diputado nacional por La Libertad Avanza; Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso; Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política de la Universidad Austral; y Ricardo Gil Lavedra, quien fue titular del Colegio Público de Abogados de la Capital hasta junio último.
Los detalles cuentan la historia. Que un libro sobre análisis económico del derecho convoque a esa sala, con ese auditorio, en la UBA, no es un dato menor. Durante décadas, la cultura jurídica argentina trató la economía como un cuerpo extraño al razonamiento legal; el resultado está a la vista en cada contrato roto por el Estado, en cada inversor que no llegó, en cada licitación desierta. La tesis de Sola —que los jueces deben medir las consecuencias de sus fallos como quien mide costos y beneficios— no es ideología: es la condición mínima para que las reglas sean creíbles. Un país donde las reglas no son creíbles no atrae capital, no genera empleo y no crece. Esa es la ecuación que el libro lleva 25 años intentando instalar. Que hoy tenga segunda edición sugiere que la paciencia de las buenas ideas, como diría Keynes según Sola, a veces rinde.
