La escena lo dice todo. El viernes pasado, mientras el secretario de Estado Marco Rubio publicaba en X que «el Senado no debería irse de receso sin confirmar a Todd Blanche como fiscal general», el propio presidente Trump admitía en Camp David que entendía perfectamente por qué el senador John Cornyn le estaba bloqueando el camino.
«Lo endosé a su oponente», dijo Trump sobre Cornyn durante la reunión de gabinete. «El hombre que perdió, al que yo no endosé, se ha enojado mucho, y está bien. Lo entiendo. Probablemente haría lo mismo».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Blanche lleva meses al frente del Departamento de Justicia en calidad de fiscal general en funciones, desde que Pam Bondi fue apartada del cargo en abril. Su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado se celebró el 15 de julio, pero el comité pospuso el voto que habría avanzado su nominación. El reloj corre: el Senado tiene previsto iniciar su receso de agosto al final de la próxima semana.
Los detalles cuentan la historia. Los dos senadores republicanos que amenazan con no votar a favor de Blanche —Cornyn y el senador Thom Tillis— no cuestionan sus credenciales profesionales. Su objeción apunta a un asunto concreto: quieren confirmación escrita de que el llamado «Anti-Weaponization Fund» —un fondo de 1.800 millones de dólares contemplado en un acuerdo de conciliación del litigio de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos— ha sido eliminado.
Ese fondo habría compensado a personas que alegaran haber sido objeto de persecución injusta por parte del gobierno. Trump y Blanche han declarado públicamente que el fondo «está muerto», pero Cornyn dijo esta semana que no ha recibido confirmación escrita de ello.
«Se trata de asegurarse de que, aunque seas el presidente de los Estados Unidos, no obtengas condiciones favorables del gobierno en un acuerdo judicial que un ciudadano ordinario no obtendría», declaró Cornyn el jueves.
Cornyn perdió su candidatura a la reelección en las primarias republicanas de Texas en mayo, derrotado por el candidato respaldado por Trump, el fiscal general estatal Ken Paxton. La carga política de ese episodio pesa visiblemente sobre el intercambio.
La Casa Blanca respondió con una ofensiva coordinada. El viernes publicó un comunicado exigiendo que Blanche «sea confirmado por el Senado de los Estados Unidos sin demora» e incluyó declaraciones de organizaciones de fuerzas del orden, fiscales generales estatales y exfuncionarios del Departamento de Justicia que, según la Casa Blanca, están «unidos en exigir su confirmación expedita». La secretaria de Agricultura Brooke Rollins también se sumó a las voces que pedían al Senado actuar de inmediato.
Pero el día anterior, Trump mismo había abierto otra puerta. «No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y reponerlo después de que Cornyn y Tillis estén fuera del cargo», escribió el presidente en Truth Social.
El giro es revelador. En menos de 24 horas, la administración pasó de amenazar con retirar la nominación a presionar con fuerza para que el Senado la aprobara antes del receso. La contradicción no es menor: refleja la dificultad de gestionar un partido cuyas fracturas internas —agravadas por las propias intervenciones electorales del presidente— se manifiestan precisamente en los momentos de mayor necesidad legislativa.
Lo que está en juego va más allá de un nombre en un cargo. El Departamento de Justicia lleva meses sin un fiscal general confirmado por el Senado, lo que limita la autoridad institucional de quien lo dirige y alimenta la incertidumbre sobre la conducción de procesos de alto perfil. Cada semana de interinidad es una semana en que el aparato legal del Estado opera sin el respaldo pleno que otorga la confirmación del Senado.
La pregunta que nadie en la sala formula en voz alta, pero que todos calculan, es cuánto le cuesta al gobierno seguir con un fiscal en funciones y cuánto le costaría una confirmación que exige ceder por escrito en un punto que la administración ya declaró resuelto. Si la palabra del presidente no basta para cerrar un acuerdo dentro de su propio partido, el problema no es solo de procedimiento: es de credibilidad institucional. Y esa es una moneda que no se recupera con un comunicado de prensa.
