Los detalles cuentan la historia. A menos de un mes de que el gobierno de Gustavo Petro entregue el poder, cuatro ministerios firmaron juntos la Resolución Conjunta 1350 de 2026, una norma que establece la «Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035» y la hace obligatoria en todos los colegios del país, públicos y privados, por una década.
El concejal de Bogotá Andrés Barrios no esperó. Radicó ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad y solicitó la suspensión provisional de la norma. La acción judicial articula cinco cargos específicos que cuestionan tanto la forma como el fondo de la resolución.
El primer cargo: quién firmó y si podía hacerlo. Barrios argumenta que los ministerios firmantes asumieron funciones que no les corresponden al diseñar un plan de diez años e imponer directrices obligatorias en las aulas. Según el concejal, esa potestad recae en el presidente y en el Congreso, no en carteras ministeriales actuando de manera conjunta.
El segundo cargo: una norma sin piso legal. La resolución se fundamenta en un Plan de Desarrollo que, según la demanda, pierde vigencia este mismo año, pese a que sus efectos se proyectan hasta 2035. El argumento es directo: una política de una década no puede sostenerse sobre una base jurídica que expira en meses.
El tercer cargo: la autonomía escolar ignorada. La demanda señala que la resolución vulnera la autonomía de las instituciones educativas al no incluir en la discusión a docentes ni a padres de familia. Barrios subraya que la Constitución y la jurisprudencia reconocen que la educación sexual corresponde prioritariamente a las familias, no al aparato estatal.
El cuarto cargo: el borrador que cambió. El documento final publicado, según la acción judicial, no coincidió con el borrador que se socializó con la ciudadanía. Para el concejal, esa divergencia agrava la falta de concertación y compromete la legitimidad del proceso.
El quinto cargo: la prisa del último mes. La resolución fue expedida a menos de un mes de que termine el mandato presidencial, delegando una implementación de seis meses y una vigencia de diez años al gobierno entrante. Barrios calificó la medida como una decisión apresurada que busca blindar una agenda formativa antes del relevo en el Ejecutivo.
En cuanto al contenido, la demanda expone reparos frente a las temáticas que la resolución ordena implementar. Según el documento presentado por el concejal, la normativa aborda temas sobre identidad sexual, deseo y placer desde la infancia temprana. Barrios sostiene que esto podría fomentar controversias relacionadas con la idoneidad de esos contenidos según la edad de los menores, y advierte sobre una presunta vulneración a la libertad de cátedra y de pensamiento. Considera, además, que la medida califica de obstáculo las convicciones de las familias, afectando el principio constitucional de pluralismo.
El concejal concluyó afirmando que acudió a la justicia administrativa para resguardar la autonomía escolar y evitar que se impongan agendas formativas sin la debida concertación con los padres de familia.
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La escena lo dice todo. Un gobierno que sale expide, en sus últimas semanas, una norma que atará a colegios privados y públicos durante diez años, sin consulta real con las familias y con una base legal que vence antes de que termine el año. El mecanismo es conocido: usar la burocracia de salida para instalar políticas que el debate democrático ordinario no habría aprobado con tanta velocidad.
Lo que está en juego no es solo un debate curricular. Es el principio de que los padres —no los ministerios— son los primeros responsables de la formación de sus hijos, un derecho reconocido por la propia Constitución colombiana según la demanda. Si el Consejo de Estado concede la suspensión provisional, será una señal de que el Estado de derecho tiene límites incluso para los gobiernos en su último tramo. Si no lo hace, la pregunta que quedará abierta es cuántas resoluciones de última hora puede dejar sembradas un gobierno saliente sin que nadie las frene.
