Para entender el presente hay que volver a esa semana.
Era el 25 de julio de 2024 cuando Ismael El Mayo Zambada aterrizó esposado en suelo estadounidense. Según una reconstrucción elaborada por exfuncionarios con acceso privilegiado al círculo de Palacio Nacional —citada por el columnista Raymundo Riva Palacio en El Financiero—, el golpe fue recibido en México como una traición personal. El blanco de la furia no era el narco capturado, sino Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, al que López Obrador y su equipo acusaron de no haberles anticipado la operación.
La escena lo dice todo.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero llamó al embajador en cinco ocasiones distintas durante los primeros días. Salazar no respondió ninguna. No devolvió ninguna llamada. Mientras tanto, López Obrador bombardeaba a Gertz Manero con preguntas que este no podía contestar por falta de información. La primera respuesta sustantiva llegó poco después: la captura había sido pactada directamente entre Zambada, Joaquín Guzmán López —ahijado e hijo de El Chapo— y el gobierno de Estados Unidos. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional la habían planeado y ejecutado sin informar a México, precisamente por el temor de que Salazar alertara a López Obrador.
Gertz Manero lo resumió con una frase que quedó grabada en la trastienda del poder: aquello debía leerse como un fracaso del gobierno mexicano.
La reacción de López Obrador fue intentar colgarse de la operación, declarar que había sido un trabajo conjunto «inédito». Washington lo frenó en seco: si lo intentaba, el Departamento de Justicia o el de Seguridad Nacional lo desmentirían públicamente. Salazar les reiteró, además, que Estados Unidos no tenía ninguna obligación de informar al gobierno mexicano, porque al tratarse de una entrega pactada, no constituía uso de recursos federales estadounidenses.
Lo que sí trascendió fue el objetivo financiero de la operación. Según los exfuncionarios citados en la reconstrucción, Salazar informó que Washington estaba decidido a asegurar 16 mil millones de dólares en activos de Zambada distribuidos en empresas mexicanas y estadounidenses. Esa cifra coincide con el monto de reparación que la fiscalía solicitó esta semana ante la Corte del Distrito Sur de Brooklyn, donde el juez dictará condena al exjefe del Cártel de Sinaloa el próximo lunes.
Pero el dato más explosivo llegó de la boca del propio Gertz Manero. Según la reconstrucción, el fiscal le informó al presidente que al menos 35 mandos altos y medios de la Secretaría de Seguridad —encabezada entonces por Rosa Icela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación— y de la propia Fiscalía General de la República le daban protección a Zambada y colaboraban con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas hacia la frontera. La negociación entre Gertz Manero y la Embajada giró, entonces, en torno a un solo objetivo: que esa información no se hiciera pública para evitar, en palabras que circularon dentro de Palacio Nacional, que «se incendiara la casa».
El 10 de agosto de 2024, una carta pública de Zambada acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de traición y aportando detalles de la operación terminó de revelar la dimensión del problema. López Obrador comprendió entonces, según los exfuncionarios, que quedaría sembrado en la memoria colectiva de mexicanos y estadounidenses como el presidente bajo cuyo amparo operó el jefe del Cártel de Sinaloa.
Esa comprensión derivó en una nueva preocupación: qué información podría proporcionar Zambada al gobierno estadounidense para negociar una reducción de pena, impunidad para su familia o, simplemente, como venganza. El propio Salazar recoge en su libro de memorias de próxima aparición —citando a un empresario— la misma inquietud que circulaba entre los allegados del expresidente.
Los detalles cuentan la historia.
Desde entonces, López Obrador multiplicó sus declaraciones públicas deslindándose de la operación, exigió un «informe completo» a Washington y usó la mañanera para insistir en que su gobierno no había sido notificado. El patrón era claro: construir una narrativa de víctima ante una operación que, según los propios exfuncionarios, había expuesto la arquitectura de protección que el Estado mexicano extendía sobre el narco.
Ese fantasma no se ha disuelto. Sigue acosando al régimen, y ahora lo hace desde el banquillo de la Corte de Brooklyn, donde la condena de El Mayo puede convertir en expediente judicial lo que hasta hoy circula como reconstrucción a puerta cerrada. Para Claudia Sheinbaum, heredera de ese aparato estatal, cada audiencia en Nueva York es un recordatorio de que la trastienda del poder anterior no ha terminado de vaciarse. El precio de esa herencia lo pagará, en última instancia, la ciudadanía mexicana: en credibilidad institucional, en soberanía cedida y en la certeza de que el Estado de derecho sigue siendo, en demasiados despachos, una promesa diferida.
