Para entender el presente hay que volver a esa delegación silenciosa. Cuando la entonces rectora Rosa Devés decidió que todo lo relacionado con Azul Azul quedaría en manos de la prorrectoría, la señal fue clara: el problema era demasiado delicado para gestionarse desde el rectorado y demasiado urgente para ignorarse. Esa arquitectura institucional sigue en pie bajo el nuevo mandato de Alejandra Mizala.
La prorrectora Dorotea López salió al frente esta semana con un mensaje que, pese a su tono medido, no dejó margen para la ambigüedad. «Los hechos públicamente conocidos asociados al caso Sartor no son indiferentes para la Universidad», afirmó la académica mexicana radicada en Chile desde 1998. «Cualquier hecho que dañe su imagen y se aleje de sus valores y principios es rechazado por toda la comunidad universitaria», añadió.
La referencia al «caso Sartor» apunta a los problemas judiciales que rodean a la administración de Azul Azul, la concesionaria que opera el Club de Fútbol Universidad de Chile bajo licencia del nombre institucional. Los detalles del caso son públicos; lo que ahora se ventila en los pasillos de la Casa de Bello es otra pregunta: ¿qué puede y qué debe hacer la universidad ante una concesionaria que, según las autoridades, ha dañado su imagen?
La respuesta, por ahora, pasa por un informe. La exrectora Devés encargó al prestigioso abogado Andrés Jana un análisis profundo del contrato de concesión, con una instrucción precisa: buscar una ruta legal, no penal. Jana tiene la misión de estudiar si se están vulnerando los principios que resguardan el cumplimiento del convenio, en particular aquellos vinculados a la imagen de la institución educativa más antigua del país.
López ya se reunió con Jana para revisar los primeros avances, que según describió consisten en «recopilar y comprender los alcances de lo ocurrido hasta ahora». El informe final aún no está listo, y la prorrectora fue explícita: hasta no tenerlo, no habrá pronunciamiento definitivo sobre las acciones a seguir.
Lo que sí está definido es el diagnóstico. «Independientemente de quién controle Azul Azul y de los últimos eventos sobre la resciliación de la operación de compra de las acciones, la U. de Chile tiene que revisar su relación con la concesionaria para resguardar que esto no vuelva a ocurrir», sostuvo López.
La nueva rectora Mizala llegó al cargo con el mismo guión. «No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo», declaró tras asumir. «Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado», remató.
El argumento tranquilizador de López —«la ciudadanía a la que servimos sabe distinguir entre la concesionaria y la Universidad»— revela también la preocupación de fondo: que esa distinción, hoy todavía nítida para muchos, puede erosionarse si el vínculo contractual no se refuerza o se reformula. Los hinchas, recordó la prorrectora, «sienten el nombre de la Universidad de Chile como propio».
La escena lo dice todo. Una institución pública, financiada en parte con recursos del Estado y con una marca centenaria, descubre que el contrato que cedió su nombre a una empresa privada puede no haber contemplado salvaguardas suficientes para escenarios como el actual. El informe Jana determinará si la universidad tiene herramientas contractuales para actuar o si deberá esperar que la justicia ordinaria resuelva lo que el derecho privado no previó.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra un principio que trasciende el fútbol: cuando una institución —pública o privada— cede su nombre y su reputación a un tercero sin blindajes contractuales robustos, el costo del descuido lo paga siempre la institución cedente, no la concesionaria. La revisión del convenio no es solo un trámite jurídico; es la oportunidad de establecer que el prestigio institucional tiene precio, condiciones y, sobre todo, consecuencias cuando se incumplen.
