La escena lo dice todo. A finales de la semana pasada, los abogados de The New York Times recibieron una notificación del Departamento de Justicia: el gobierno había emitido citatorios a proveedores externos de servicios telefónicos para obtener registros de llamadas y mensajes de texto de varios de sus periodistas. No solo de ellos. También de sus parejas. También de sus madres.
El detonante, según la información disponible, fueron los reportajes sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión Air Force One del presidente Donald Trump. Alguien habló. El gobierno quiere saber quién.
Citatorios en dos frentes
Los movimientos del Departamento de Justicia se desarrollaron en paralelo. El 10 de julio ya habían llegado los primeros citatorios, que buscaban obligar a algunos reporteros del Times a testificar ante un jurado de acusación federal. Los citatorios adicionales —los que apuntan a los registros telefónicos de periodistas y familiares— se conocieron públicamente el lunes, cuando el juez Arun Subramanian, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, hizo pública una moción presentada el sábado por los abogados del periódico.
Esa moción tiene un objetivo preciso: anular las solicitudes. Los abogados del Times describen el conjunto de acciones como un esfuerzo «extraordinariamente agresivo y poco ortodoxo» para desvelar fuentes confidenciales de periodistas independientes cuyos reportajes, según la misma descripción, «habían molestado al presidente».
La Casa Blanca remitió las consultas al Departamento de Justicia. El Departamento no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Times se negó a hacer declaraciones más allá de lo consignado en la moción judicial.
Los detalles cuentan la historia
Lo que distingue este episodio de otros enfrentamientos entre administraciones y medios no es solo la escala de los citatorios, sino su alcance personal. Solicitar los registros de la madre de un reportero o de la pareja de otro va más allá de la búsqueda de una fuente: es una forma de presión que rodea al periodista desde su entorno más cercano. Ninguna fuente disponible explica por qué se incluyó a esos familiares en las solicitudes, ni el Departamento de Justicia ha ofrecido justificación pública.
El caso está ahora en manos del juez Subramanian. La moción del Times, presentada en sábado y publicada en lunes, marca el inicio de una disputa legal que podría definir hasta dónde puede llegar el aparato estatal en su búsqueda de filtraciones periodísticas.
La lectura de Hemisferio
El libre flujo de información sobre las decisiones del poder es un pilar del sistema que el propio Trump dice defender. Una prensa que no puede proteger a sus fuentes es una prensa que deja de recibir información incómoda para el gobierno, cualquier gobierno. Ese principio no cambia según quién ocupe la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, hay una pregunta legítima en la trastienda: si la información publicada sobre el Air Force One comprometía capacidades reales de seguridad del presidente, el Estado tiene interés en identificar la filtración. El problema no es el objetivo; es el método. Extender los citatorios a familiares que no son periodistas ni fuentes presumibles cruza una línea que los tribunales federales deberán ahora trazar con precisión. El desenlace de esta causa importa más allá del Times.
