Para entender el presente hay que volver a esa semana de 2018. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile atravesaba una crisis profunda: toma feminista, renuncia del decano Harasic, claustro a la deriva. Fue entonces cuando Pablo Ruiz-Tagle convocó a Renée Rivero para encabezar su campaña. Ella aceptó, ganaron, y durante cinco años ejerció el vicedecanato. Hoy, a horas de que abran las urnas en Pío Nono, es ella quien pide el voto.
Rivero es abogada y académica del Departamento de Derecho Procesal. Egresada de la propia facultad, fue ayudante, se doctoró en España y regresó a la carrera académica. Su trayectoria es, en buena medida, la historia reciente de la institución: le tocó el estallido social, la pandemia y la implementación del voto electrónico en la facultad por primera vez.
La herencia y la distancia
La candidata no esconde su vínculo con la gestión saliente, pero tampoco se disuelve en ella. «No puedo negar que fui parte de esta administración y me siento orgullosa de lo que se hizo», afirmó, para agregar de inmediato: «soy una persona distinta y que uno haya estado en una gestión no significa que deba estar de acuerdo con todas las cosas».
En su diagnóstico, los ocho años de Ruiz-Tagle lograron algo que la facultad necesitaba urgentemente: estabilidad y convivencia interna. Las obras de infraestructura, los protocolos de género trabajados con el cuerpo docente, la pacificación del claustro. Todo eso, dice, hay que «cuidar como un valor muy preciado». Pero el mérito de haber ordenado la casa no puede convertirse en excusa para no dar el siguiente paso.
El salto pendiente
La escena lo dice todo: una facultad con la mayor cantidad de profesores doctores del país, con un estudiantado diverso y una tradición republicana que se remonta a Andrés Bello, pero cuyo esfuerzo intelectual, según Rivero, «se fragmenta, se dispersa y finalmente se diluye». El diagnóstico es preciso y, si es correcto, costoso: talento institucional desperdiciado por falta de articulación.
Su propuesta tiene tres ejes. Primero, internacionalización del posgrado, área donde reconoce que «hay mucho trabajo por hacer». Segundo, investigación colectiva: la facultad ha apostado por la producción individual de sus académicos, un modelo necesario en su momento pero insuficiente para el siguiente ciclo. Tercero, alianzas estratégicas con otras facultades de la universidad, apostando por la mirada interdisciplinaria que hoy, sostiene, se ha «desaprovechado».
«Tenemos una oportunidad histórica para fortalecer nuestro servicio al país y la incidencia en el debate público», sintetizó Rivero. Ese, dijo, sería su sello.
El peso de Pío Nono
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no es cualquier institución. Formó a buena parte de la clase dirigente del país, provee cuadros a los poderes del Estado y sus académicos participan con frecuencia en comisiones legislativas, debates constitucionales y tribunales de alto impacto. Lo que ocurra en esas elecciones tiene consecuencias que trascienden los pasillos de Pío Nono.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el debate que plantea Rivero toca un nervio relevante: el de la utilidad pública de las instituciones académicas. Una facultad que concentra recursos, talento y prestigio, pero cuya producción intelectual no logra articularse para incidir en el debate nacional, es un capital mal administrado. La propuesta de pasar de la investigación individual fragmentada a una estrategia institucional colectiva es, en ese sentido, una apuesta por la eficiencia del conocimiento jurídico como bien público.
Lo que está en juego no es solo quién firma los decretos de decanato. Es si la principal escuela de derecho del país seguirá siendo una suma de esfuerzos individuales brillantes pero dispersos, o si dará el salto hacia una institución capaz de articular su influencia con la coherencia que el debate público chileno, hoy más que nunca, necesita.
