La escena lo dice todo. Decenas de personas se concentraron en la avenida Urdaneta de Caracas, apartaron las vallas metálicas instaladas por la Guardia Nacional Bolivariana y avanzaron hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Llevaban una misiva. Llevaban también meses de promesas incumplidas.
Familiares de presos políticos, activistas y víctimas entregaron al Ministerio de Relaciones Exteriores una carta en la que exigen el ingreso a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, ante lo que describen como un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos.
La delegación fue encabezada por Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel; la activista Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas; y Óscar Murillo, director general de la ONG Provea. Los tres sostuvieron una reunión con Rodolfo Crespo, secretario general ejecutivo de la Cancillería, en la que se planteó la posibilidad de instalar una mesa técnica para abordar las denuncias.
Según informó Ávila al término del encuentro, esa mesa estaría integrada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y otras instancias del Estado, y podría comenzar a funcionar a partir de la semana siguiente a la reunión. Las familias, sin embargo, condicionaron su confianza: exigen que el proceso cuente con la participación de la CIDH, la Misión de la ONU y la Cruz Roja Internacional. «Son organismos de nuestra confianza y generan tranquilidad en cuanto a la atención de la salud de nuestros familiares detenidos», declaró Ávila, según recogió El Nacional.
Los detalles cuentan la historia. En la reunión, los representantes describieron torturas desde el momento de la detención, deterioro de la salud durante el encarcelamiento, personas fallecidas bajo custodia del Estado y excarcelados que murieron meses después por no haber recibido atención médica mientras estuvieron presos. También denunciaron la vulneración del derecho a la identidad: prohibición de salida del país y restricciones sistemáticas para obtener cédula de identidad y pasaporte.
Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité por la Liberación de Presos Políticos, señaló el caso del excarcelado uruguayo-venezolano José Breijo, detenido a finales de 2023 y bajo régimen de casa por cárcel desde mayo, como ejemplo del patrón de falta de atención médica. «Vemos con preocupación cómo impera el patrón de falta de atención médica especializada y oportuna para los presos políticos», afirmó, según la misma fuente.
Baduel también advirtió que la Misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019, que desde ese año ha documentado graves violaciones en Venezuela, está próxima a publicar un nuevo informe. «Vemos con preocupación que, mientras se abre un nuevo mecanismo de diálogo, siguen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en las distintas cárceles del país», declaró.
Las familias llevan siete meses pernoctando fuera de los centros de detención tras promesas de liberación que, según denuncian, no se han cumplido en su totalidad.
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Lo que ocurrió en la sede de la Cancillería resume con precisión la mecánica del régimen de Maduro: recibir a las víctimas, proponer mesas, ganar tiempo. El aparato estatal venezolano lleva años perfeccionando ese guión. Una mesa técnica con ministerios del propio gobierno, sin observadores internacionales independientes, no es una solución; es una forma de administrar la denuncia sin resolverla.
La exigencia de que la CIDH, la Misión de la ONU y la Cruz Roja accedan a las cárceles no es una demanda política: es el estándar mínimo del estado de derecho. Que esa exigencia deba formularse en una misiva entregada bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, después de apartar vallas metálicas, dice todo lo que hay que saber sobre el estado de las libertades en Venezuela.
