La escena lo dice todo. Mientras el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el kirchnerismo bonaerense avanza en sentido opuesto: un proyecto firmado por legisladores de La Cámpora, el Movimiento Evita y Patria Grande propone limitar al 15% la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires.
El texto lleva la firma de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense y aliado estratégico de Máximo Kirchner. Lo acompañan Noelia Saavedra, del Movimiento Evita, y Cintía Romero, de Patria Grande.
Los números detrás del proyecto
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales —creado por la Ley 26.737, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner y luego derogada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de Milei—, en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas en manos extranjeras. El kirchnerismo subraya dos casos que considera críticos: en Campana, el 50,2% de la tierra rural pertenece a propietarios no nacionales; en Zárate, el 24,8%.
Ambos municipios lindan con el río Paraná, lo que le da al argumento un tinte geopolítico que el bloque no desaprovecha.
Qué propone el proyecto
La iniciativa crea un Régimen de Protección al Dominio provincial aplicable a tierras rurales destinadas a uso productivo, agropecuario, forestal o turístico. Las restricciones alcanzan a personas humanas o jurídicas extranjeras, tengan o no domicilio en Argentina, aunque con excepciones: quedan fuera quienes acrediten más de diez años de residencia continua y permanente en el país, o quienes tengan hijos o cónyuge argentinos y al menos cinco años de residencia permanente.
En ningún caso —con o sin excepciones— podrá un mismo titular extranjero superar el 30% del total de tierras rurales. Además, en la llamada zona núcleo —que abarca 22 municipios bonaerenses, desde Pergamino hasta Carmen de Areco— el tope por titular extranjero se fija en 1.000 hectáreas.
El proyecto también prohíbe adquisiciones que puedan afectar el acceso al agua de una comunidad, e impone a los propietarios extranjeros la obligación de inscribirse en un nuevo Registro Provincial de Tierras Rurales.
El mapa político
Tignanelli presentó el proyecto reivindicando la Ley de Tierras Rurales original, cuya derogación vía decreto está actualmente judicializada. El plan es debatirlo en la segunda mitad del año en la Legislatura bonaerense.
Los números favorecen al kirchnerismo: en la Cámara de Diputados provincial, La Libertad Avanza —que se opondrá— cuenta con 20 de los 92 escaños. En el Senado, el peronismo tiene mayoría simple. El gobernador Axel Kicillof, que la semana pasada llamó públicamente a votar en contra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso nacional, avalaría la iniciativa.
Los detalles cuentan la historia: el proyecto no es solo una norma de ordenamiento territorial. Es la respuesta provincial a una batalla ideológica que se libra en simultáneo en Buenos Aires y en La Plata.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa disputa de fondo: el kirchnerismo bonaerense no oculta que su objetivo es construir un contrapeso legislativo a la agenda de desregulación de Milei, y la tierra es el terreno elegido —en sentido literal— para esa pelea.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el principio en cuestión es claro: las restricciones a la propiedad privada basadas en la nacionalidad del titular no protegen la soberanía; encarecen el crédito rural, desincentivan la inversión productiva y añaden burocracia registral al aparato estatal bonaerense. El kirchnerismo apuesta a que la retórica de la tierra en manos extranjeras rinde políticamente más de lo que cuesta en inversión y empleo. El contribuyente bonaerense, como siempre, pagará la cuenta de esa apuesta.
