La escena lo dice todo. El último timbre del ciclo escolar 2025-2026 sonó el 15 de julio de 2026 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenía lista la respuesta a la pregunta más elemental de cualquier sistema educativo: ¿a cuántos estudiantes atendió?
No es un tropiezo aislado. Según un análisis publicado por Mexicanos Primero el 23 de julio de 2026, la matrícula escolar —el dato de arranque que debería orientar cada decisión de política educativa— se publica con retraso creciente en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). En el ciclo anterior, los números no estuvieron disponibles sino hasta septiembre. Planear espacios, materiales y docentes sin saber a cuántos alumnos se espera no es gestión: es improvisación con dinero público.
Los indicadores de fondo llegan todavía más tarde, o simplemente dejan de llegar. La versión sintética de Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025 fue publicada durante la última semana de agosto de 2025, pero sin los datos de abandono escolar, reprobación, eficiencia terminal ni tasa de terminación. La versión extendida de esa misma publicación quedó disponible apenas unas semanas antes de que Mexicanos Primero publicara su análisis, ya con el ciclo 2025-2026 concluido.
El resultado es que la fotografía más reciente sobre deserción escolar corresponde al ciclo 2023-2024. Dos ciclos completos han transcurrido desde entonces sin que el Estado mexicano haya actualizado ese indicador. El dato importa porque el abandono escolar es, precisamente, el problema central que justifica uno de los programas de mayor gasto del gobierno federal: las becas para el bienestar. Año con año se destinan enormes recursos públicos bajo la premisa de que esas transferencias mantienen a niñas, niños y jóvenes dentro del aula. Sin embargo, según Mexicanos Primero, no existe información oficial reciente que permita verificar si ese objetivo se cumple.
Los últimos datos disponibles ya mostraban señales de alerta: después de la pandemia, el abandono había vuelto a crecer en distintos niveles educativos. Si esa tendencia continuó, se revirtió o se agravó es algo que, a la fecha de publicación del análisis, nadie puede responder con cifras oficiales. La contradicción que señala Mexicanos Primero es precisa: se puede saber cuánto se gasta en una política, pero cada vez se sabe menos sobre el problema que esa política pretende resolver.
La situación de la infraestructura escolar es aún más rezagada. Los datos disponibles sobre disponibilidad de agua potable, electricidad, baños e internet en las escuelas corresponden al ciclo escolar 2021-2022. Mientras tanto, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) ha continuado transfiriendo recursos directamente a comités escolares como principal mecanismo federal para mejorar las condiciones físicas de los planteles. Sin una actualización del diagnóstico, no hay forma de saber si esas transferencias han cerrado alguna brecha o si el dinero llegó donde más falta hacía.
Mexicanos Primero ha respondido al vacío oficial con MONITO, un repositorio que reúne y sistematiza información pública sobre el sistema educativo: estadísticas, indicadores, políticas e información por entidad federativa. Es un esfuerzo de la sociedad civil que merece reconocimiento. Pero la propia organización advierte que una plataforma ciudadana no puede sustituir la obligación del Estado de producir y publicar información oficial, periódica, comparable y oportuna.
Los detalles cuentan la historia. En las mañaneras se repite que los programas de becas funcionan. El indicador que permitiría comprobarlo lleva dos ciclos sin actualizarse. Las condiciones físicas de las escuelas no se han medido desde 2021-2022. Y el ciclo que acaba de cerrar lo hizo sin que la matrícula estuviera lista.
Para Hemisferio, el patrón es inequívoco: el aparato educativo mexicano ha aprendido a gastar con fluidez y a rendir cuentas con opacidad. Los programas crecen, los presupuestos se ejercen y las conferencias de prensa celebran resultados que los datos oficiales no respaldan porque, sencillamente, no existen. Cuando el Estado deja de medir, no desaparece el problema —desaparece la evidencia que podría obligarlo a corregir el rumbo. Eso no es un descuido administrativo; es una forma de gobernar.
