Para entender el presente hay que volver a esa semana.
La estrategia se diseñó a puerta cerrada en Palacio Nacional: movilizar toda la maquinaria de la llamada Cuarta Transformación para que las críticas por la captura de Ismael Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, recayeran sobre el gobierno de Estados Unidos. El objetivo declarado, según el columnista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, era responsabilizar a Washington del deterioro de la relación bilateral. Una apuesta, escribió Riva Palacio, «muy costosa si sale mal».
La presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a jugarla.
El mapa de la presión
Mensajes llegados por vía diplomática a Palacio precisaron, según la misma fuente, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere acusar a otros tres gobernadores vinculados con el crimen organizado: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Sus nombres ya habían circulado públicamente; lo novedoso, según funcionarios federales citados por Riva Palacio, es el compromiso del gobierno federal con todos los gobernadores de la 4T: no entregará a nadie.
Tampoco les pedirá que renuncien, agregaron esas mismas fuentes. La herramienta elegida es más discreta: auditorías que los aprieten hasta que soliciten licencia voluntariamente. El caso del gobernador Rocha Moya —cuya posible restitución al cargo pleno se discute en los círculos políticos— ilustra los vaivenes de esa táctica.
El goteo que aterra
Mientras Palacio juega a la gradería doméstica, Washington sigue filtrando información. La más reciente, difundida por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, es una segunda grabación de la gobernadora Ávila en la que, según el reportaje, ofrece colaborar con el FBI y aportarle información en materia de seguridad «que escuchó», a cambio de evitar acusaciones penales. La gobernadora había negado una grabación anterior, también difundida por De Mauleón, que mostraba que buscaba una negociación con autoridades estadounidenses.
Los detalles cuentan la historia: que exista una segunda grabación no solo la desmiente, sino que revela que las medidas tomadas para evitar registros de sus palabras resultaron insuficientes. Lo que el periodista expuso, según Riva Palacio, es que Ávila «está aterrorizada» ante la posibilidad de acusaciones bajo la ley antiterrorista, y que la estrategia de filtración busca alentar la paranoia dentro de la 4T sobre quién podría ser el próximo en cooperar con Estados Unidos.
El avión, el museo y la crisis
El detonante inmediato de la nueva estrategia presidencial fue un reportaje del periodista Luis Chaparro en Pie de Página: la exhibición del avión en que transportaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos para su detención formal. Chaparro informó que el FBI había prestado esa aeronave a un museo en el aeropuerto de Nuevo México donde aterrizó con los narcotraficantes.
El exembajador Ken Salazar quedó convertido, según la columna, en el «tonto útil» de la estrategia. Sheinbaum lo ha acusado de mentiroso; Salazar ha dicho que no mintió. Riva Palacio ofrece una lectura más matizada: Salazar no supo de la operación porque su propio gobierno no confiaba en él y temía que corriera a informársela a López Obrador.
El comunicado del Departamento de Justicia tras la acusación contra Zambada —disponible en el enlace citado por la columna— incluyó palabras de Alejandro Mayorkas, entonces secretario de Seguridad Nacional, quien afirmó que «gracias al trabajo dedicado de los valientes agentes de Investigaciones y sus colegas federales, Estados Unidos está rompiendo y desmantelando las operaciones del narcotráfico en el mundo». Fuentes en Washington confirmaron a Riva Palacio que el operativo fue diseñado por un grupo de expertos en el Cártel de Sinaloa dentro del FBI.
Un informe de inteligencia entregado a López Obrador, con información procedente del propio cártel, revelaba que la operación fue ejecutada por un comando estadounidense especializado en contraterrorismo, y que en ese mismo lugar mexicanos —presumiblemente del equipo de seguridad de Rocha Moya— habrían asesinado al diputado federal Héctor Melesio Cuén, según la misma fuente.
Lo que está en juego
La escena lo dice todo. Un gobierno que prometió soberanía plena frente a Washington se encuentra hoy administrando filtraciones, negociando licencias en lugar de renuncias y evaluando quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —opción que, según Riva Palacio, fue descartada tras ser persuadida de que «ese no era el camino».
Lo que la estrategia de Palacio revela no es fortaleza, sino la fragilidad de un aparato estatal que no controló la operación, no controla a sus propios gobernadores y ahora intenta trasladar el costo político a un adversario externo. Para los ciudadanos mexicanos, el cálculo es más sencillo: mientras la burocracia 4T maniobra para proteger a funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado, el Estado de derecho sigue siendo la primera víctima. La libre empresa, la seguridad y la inversión no prosperan en un país donde la pregunta no es si los gobernadores tienen nexos con el narco, sino cuándo llegará la siguiente grabación.
