La escena lo dice todo. Barrios enteros reducidos a escombros en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Cartago. Imágenes que recorrieron el mundo pocas horas después de que un sismo de magnitud 7,4 sacudiera gran parte del territorio colombiano el pasado fin de semana.
De acuerdo con el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 110,3 kilómetros. Las autoridades aún no cuentan con un balance definitivo de fallecidos y heridos. Lo que sí quedó claro desde las primeras horas es que la tierra no destruyó por igual: algunos edificios resistieron; otros, no.
La energía que pocos calculan
El divulgador científico y director de los Museos Científicos de A Coruña, Marcos Pérez Maldonado, advirtió en diálogo con Radio Coruña SER que la magnitud no es el único factor que determina la gravedad de las consecuencias. Pero sí importa, y mucho. Según explicó, un terremoto de magnitud 7,5 puede liberar aproximadamente el doble de energía que uno de 7,2. La diferencia entre dos décimas en la escala se traduce, en la práctica, en una capacidad de destrucción radicalmente mayor.
A eso se suman las características propias del lugar: la composición del suelo, la densidad urbana, la antigüedad del parque edificado. Factores que, combinados, determinan si una estructura absorbe la energía o colapsa bajo ella.
La norma existe. El problema es la brecha.
Colombia no carece de regulación. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, conocido como NSR-10, establece —según destacó el delegado departamental de Cundinamarca, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas— «rigurosos parámetros para diseñar estructuras capaces de resistir sismos considerables».
El problema, según el mismo funcionario, es que «no todas las edificaciones cumplen estas normativas, especialmente en zonas rurales o asentamientos informales». Y esa brecha tiene consecuencias letales: «aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades cuando la tierra tiembla, poniendo en riesgo vidas y medios de subsistencia», señaló Farfán Vargas.
Pérez Maldonado lo resumió con precisión técnica: «Muchos edificios colapsan porque no están preparados para absorber esa energía».
Las vías, otro frente abierto
El colapso no se limitó a las estructuras habitacionales. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó cierres y afectaciones en varios corredores clave del país. La vía Buga-Buenaventura, en el Valle del Cauca, mantiene un cierre total aproximadamente en el kilómetro 71. La vía Armenia-Ibagué permanece completamente cerrada por un deslizamiento de material sobre la carretera. A eso se suman el cierre del túnel Sumapaz y del puente Mariano Ospina, que conecta Flandes, en Tolima, con Girardot, en Cundinamarca. En todos esos puntos se realizan inspecciones para determinar condiciones de seguridad y posibles daños estructurales.
La interrupción de corredores estratégicos no es un dato menor: en una emergencia, las vías son la diferencia entre el socorro que llega y el que no llega.
Lo que el sismo reveló
Para entender el presente hay que volver a esa semana. No porque el terremoto haya sido imprevisible —Colombia es un país sísmicamente activo y el riesgo estaba cartografiado— sino porque lo que colapsó no fue solo concreto. Colapsó la ilusión de que tener una norma equivale a aplicarla.
La existencia del NSR-10 es un activo institucional real. Pero una regulación que no se fiscaliza, que no se exige en los asentamientos informales donde vive una parte sustancial de la población urbana, es papel con buenas intenciones. El aparato estatal colombiano lleva años sabiendo dónde están las zonas de riesgo y cuáles son las construcciones vulnerables. El costo de no actuar sobre esa información lo pagaron, una vez más, los ciudadanos con menos recursos, los que construyeron donde pudieron y como pudieron.
La reconstrucción que viene exigirá dinero público, coordinación y voluntad política. Pero la pregunta que Hemisferio deja sobre la mesa es más incómoda: ¿cuántos de los edificios que se levanten ahora cumplirán el NSR-10 en diez años? Sin fiscalización real, sin consecuencias para quien construye fuera de norma, el próximo sismo encontrará la misma brecha. Solo cambiará la fecha.
