La escena lo dice todo.
Un censo levantado en 35.991 hogares, datos aportados por las propias familias, y un número que el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, presentó el martes 4 de agosto como «la base de datos más sólida de personas desaparecidas que se ha tenido»: 1.579. Al otro lado de esa cifra oficial, una plataforma ciudadana acumula reportes de 29.518 personas que todavía no han logrado comunicarse con sus seres queridos.
La diferencia no es menor. Es de casi veinte veces.
Terán explicó en una entrevista con Caracol Radio que el balance fue actualizado hasta el 3 de agosto y que los datos fueron suministrados directamente por los familiares que participaron en el censo. El gobernador lo presentó como el primer informe oficial sobre desaparecidos difundido por las autoridades estadales desde que comenzaron las labores de atención tras el doblete sísmico del 24 de junio.
El antecedente no ayuda a la credibilidad del aparato estatal. Un día después de los terremotos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez había informado apenas 157 personas en paradero desconocido. Esa cifra, que ya entonces resultaba inverosímil para quienes seguían la emergencia desde las redes y los grupos familiares, quedó superada por los propios datos oficiales en más de diez veces en poco más de cinco semanas.
La plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com ofrece una perspectiva radicalmente distinta. El portal ha recibido 82.577 reportes, asociados con aproximadamente 44.418 personas únicas. De ese universo, 14.900 ya fueron localizadas. Pero 29.518 continúan sin establecer contacto con sus familias al momento de la publicación de los datos.
Los detalles cuentan la historia.
La metodología de la plataforma ciudadana y la del censo gubernamental no son directamente comparables: una recibe reportes voluntarios en línea, el otro se construye puerta a puerta en los hogares afectados. Esa diferencia metodológica explica parte de la brecha, pero no la cierra. El propio gobernador reconoció que su balance es el primero de carácter oficial en más de cinco semanas de emergencia, lo que revela el ritmo al que el Estado venezolano ha procesado la catástrofe.
Mientras tanto, la organización Provea ha exigido públicamente actualizar las cifras de fallecidos y desaparecidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que todavía no puede prestar más dinero a Venezuela, una restricción que pesa sobre cualquier plan de reconstrucción.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El 24 de junio, el doble terremoto golpeó La Guaira y su área de influencia. En las horas siguientes, el gobierno interino entregó un número —157 desaparecidos— que la realidad desmintió casi de inmediato. Cuarenta días después, la autoridad regional produce una cifra diez veces mayor, y aun así la distancia con los registros ciudadanos sigue siendo abismal.
Lo que está en juego no es solo estadística. Cada persona contabilizada o no contabilizada tiene nombre, familia y derecho a que el Estado que la gobierna diga la verdad sobre su paradero. La opacidad informativa en emergencias no es un defecto técnico: es una decisión política. Un gobierno que tarda más de cinco semanas en producir su primer balance oficial de desaparecidos, y que lo presenta como un logro de transparencia cuando las cifras ciudadanas lo cuadruplican, revela el estado real de sus instituciones.
La reconstrucción de La Guaira —física, económica, humana— no puede comenzar sobre cimientos de datos que nadie termina de creer. Y sin acceso a financiamiento internacional, con un aparato estatal que ha demostrado su lentitud para contar a sus propios muertos y desaparecidos, el desenlace de esta emergencia depende, una vez más, de la sociedad civil venezolana y de la solidaridad externa. No del Estado.
