La escena lo dice todo.
El 25 de enero de 2021, el doctor Anthony Fauci, entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, escribió un mensaje a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, y al que sería Cirujano General de la administración Biden, Vivek Murthy. El texto era directo: «Pregunté un poco más y surgió otro tema del que debes estar al tanto».
Lo que siguió, según los mensajes obtenidos del teléfono celular gubernamental de Fauci y publicados por los senadores Rand Paul y Ron Johnson, fue una advertencia que nunca llegó al público de la misma forma en que circuló en ese intercambio privado.
«Dado que muchas personas experimentan una tormenta de citocinas significativa y fiebre después de la segunda dosis, esto teóricamente podría estar asociado con un aborto espontáneo en el primer trimestre», escribió Fauci, según los documentos divulgados el lunes por el Comité de Seguridad Nacional del Senado.
Walensky respondió que el punto planteado sobre el primer trimestre era «definitivamente una buena observación, especialmente después de la segunda dosis».
Nueve días después, el 3 de febrero de 2021, Fauci participó en una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el Journal of the American Medical Association. Allí dijo que la FDA «no ha encontrado hasta ahora, y hay que ser cuidadosos, pero hasta ahora no hay señales de alerta sobre eso, sobre las mujeres embarazadas». Meses más tarde, en declaraciones públicas, afirmó que entre las decenas de miles de mujeres embarazadas vacunadas seguidas por los CDC «no hay ninguna indicación de que haya ningún aumento de ningún problema adverso» en comparación con mujeres embarazadas no vacunadas.
Los detalles cuentan la historia.
El intercambio también incluyó una observación de Murthy: estaba «sorprendido» de que la Organización Mundial de la Salud hubiera emitido una declaración contundente desaconsejando la vacuna de Moderna en mujeres embarazadas. «Es una declaración fuerte y potencialmente bastante dañina para la confianza pública entre las mujeres embarazadas», escribió Murthy el 26 de enero de 2021.
Los mensajes forman parte de un universo de más de 34.000 textos y 522 mensajes de voz obtenidos la semana pasada por el Comité de Seguridad Nacional del Senado a partir del teléfono gubernamental de Fauci. Los senadores Paul y Johnson señalaron que solo tres contactos aparecen identificados por nombre en ese dispositivo, mientras que el resto figura únicamente con números de teléfono. El comunicado de los legisladores advirtió que «es demasiado pronto para determinar si algún dato ha sido eliminado».
Johnson sostuvo que la cadena de textos «podría tener un impacto inmediato en la salud pública y en el principio del consentimiento informado».
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
En enero de 2021, la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 estaba en sus primeras semanas. Las autoridades sanitarias enfrentaban una presión enorme para acelerar la inoculación y sostener la confianza pública. En ese contexto, la distancia entre lo que circulaba en los mensajes privados de los funcionarios de más alto nivel y lo que se comunicaba a los ciudadanos adquiere una dimensión que va más allá de la gestión de la pandemia.
El principio del consentimiento informado —piedra angular de la ética médica— exige que los pacientes reciban información completa sobre riesgos conocidos o teóricos antes de tomar una decisión. Que funcionarios de primer nivel discutieran internamente un riesgo teórico de aborto espontáneo en el primer trimestre, mientras el mensaje público era de tranquilidad sin matices, plantea preguntas que el aparato estatal no respondió en su momento y que ahora el Senado intenta reconstruir a partir de 34.000 mensajes.
La revisión de esos archivos apenas comienza. Lo que ya está sobre la mesa es suficiente para cuestionar si el dinero de los contribuyentes y la confianza de millones de mujeres embarazadas fueron administrados con la transparencia que la gravedad de la decisión exigía. El consentimiento informado no es un tecnicismo burocrático: es el derecho de cada persona a conocer lo que los expertos saben —o sospechan— antes de someterse a un tratamiento. Esa brecha, documentada ahora en texto plano, es el verdadero desenlace de esta historia.
