La escena lo dice todo: una clínica atiende hoy a un paciente, renueva su seguro el año siguiente con otra compañía y, una década más tarde, recibe una demanda millonaria por aquella atención. La póliza vigente en ese momento no cubre el hecho pasado. La anterior ya venció. El hospital queda solo.
Esa no es una hipótesis académica. Es el riesgo que Fabio Aristizábal, exsuperintendente Nacional de Salud, describió con precisión quirúrgica al ser consultado por El Colombiano: una parte significativa del sistema hospitalario colombiano podría enfrentar reclamaciones sin respaldo asegurador, y el problema lleva años acumulándose en silencio.
El modelo que falla
De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), Colombia cuenta con más de 59.972 instituciones habilitadas entre clínicas, hospitales y centros médicos. Según Aristizábal, se estima que más del 80% opera bajo la modalidad conocida como «reclamaciones realizadas»: el seguro responde solo si la póliza está vigente en el momento en que se presenta la demanda, no necesariamente cuando ocurrió el acto médico.
El contraste con la modalidad de «ocurrencia» es, en palabras del propio exsuperintendente, «diametralmente opuesto»: esta última cubre según la fecha del procedimiento, independientemente de cuándo llegue la reclamación. La diferencia en protección patrimonial es sustancial. El problema es que la oferta de pólizas de ocurrencia en Colombia es escasa.
«Casi todas las compañías de seguros en su casa principal, sobre todo las multinacionales, no permiten la suscripción en la modalidad de ocurrencia», explicó Aristizábal. Las restricciones del mercado internacional de reaseguros han reducido aún más esa disponibilidad, dejando al sector con pocas alternativas reales.
Diez años de plazo, cero garantías
El dato que hace urgente la advertencia es legal: en Colombia, las acciones de responsabilidad médica pueden presentarse hasta diez años después de ocurrido el hecho que originó el daño. Una institución que hoy cambia de aseguradora —o simplemente no renueva— queda expuesta a todo lo que ocurrió en la última década bajo la póliza anterior.
«Una clínica, hospital o profesional de la salud puede enfrentarse a demandas millonarias muchos años después de haber prestado el servicio, encontrándose sin cobertura alguna para responder», advirtió Aristizábal.
Ante la pregunta de cuántas instituciones podrían quebrar ante una ola de reclamaciones acumuladas, el exfuncionario fue explícito: «consideramos que sería irresponsable dar una cifra». Esa cautela, en sí misma, dice más que cualquier número.
Las ESE, en el ojo del huracán
Las Empresas Sociales del Estado tienen una capa adicional de complejidad. Sujetas a contrataciÓn pública y restricciones presupuestales, contratan sus seguros por anualidad y con frecuencia cambian de aseguradora cuando los recursos escasean. Cada cambio puede generar un vacío de cobertura para los procedimientos realizados bajo la póliza anterior. En este caso, el patrimonio en riesgo no es privado: es público.
Aristizábal identificó tres factores que explican la persistencia del problema: el precio —las pólizas de ocurrencia suelen ser más costosas—, la baja oferta del mercado y, «la más preocupante», el desconocimiento. Según el exsuperintendente, tanto las áreas administrativas de los prestadores como sus asesores de seguros no comprenden con claridad las diferencias entre ambas modalidades.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el cuadro que describe Aristizábal no es solo un problema técnico de seguros: es una falla estructural que combina regulación insuficiente, mercado estrecho y gestión deficiente del riesgo institucional. Cuando una clínica privada quiebra por una demanda que no pudo anticipar, los pacientes pierden un prestador. Cuando quiebra una ESE, los contribuyentes pagan dos veces: primero financiaron el hospital, luego financiarán el pasivo judicial.
El libre mercado de seguros médicos solo funciona si los actores conocen los instrumentos disponibles y si la oferta es suficientemente competitiva para que el precio no sea el único criterio de decisión. Ninguna de las dos condiciones se cumple hoy en Colombia con la amplitud necesaria. La bomba no ha explotado, pero el reloj lleva años corriendo.
