La escena lo dice todo. En uno de sus últimos movimientos antes del relevo presidencial, el gobierno de Gustavo Petro expidió la Resolución 1350 de 2026, un acto administrativo que adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la extiende, con obligaciones concretas, hasta el año 2035.
El destinatario más visible de esa herencia burocrática es el Ministerio de Educación. Y quien lo va a recibir es Viviane Morales, la ministra designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, una jurista de convicciones cristianas que durante su paso por el Senado promovió un referendo para restringir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y que ha cuestionado públicamente lo que denomina «ideología de género».
Los detalles cuentan la historia.
La resolución no es una declaración de intenciones. Es un instrumento con plazos y responsabilidades distribuidas entre varias carteras —Salud, Trabajo, Cultura— pero con un papel central asignado a Educación. Según la norma, el ministerio deberá diseñar lineamientos pedagógicos, coordinar acciones con las entidades territoriales, ofrecer asistencia técnica a las secretarías de Educación certificadas y hacer seguimiento a la incorporación progresiva de la educación sexual integral en las instituciones del país.
El cronograma también es preciso: en los seis meses siguientes a la expedición de la resolución deberá quedar definido el plan de acción que ponga en marcha la política. Ese plazo, según la fuente, corre desde la firma del acto administrativo.
El gobierno saliente sostuvo en el texto que la iniciativa busca aplicar mandatos pendientes desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y citó normas vigentes, sentencias de la Corte Constitucional y compromisos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos.
Entre las tareas concretas que señala un informe de la revista Cambio figuran la elaboración de planes territoriales y la capacitación de docentes en derechos sexuales y reproductivos. El ministerio también deberá promover la inclusión paulatina de esos contenidos pedagógicos en las instituciones educativas del país.
La llegada de Morales al cargo no ocurre en el vacío. De la Espriella prometió en campaña «acabar con la ideología de género para que Dios entre a las aulas» y la designó con la misión explícita de «sacar a Marx de las aulas para meter a Dios». Morales, por su parte, ha defendido que sus convicciones cristianas orientan su actuación política, aunque también ha argumentado que su paso por la Fiscalía General demuestra que ha actuado con apego a la Constitución y por encima de sus convicciones personales.
Sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido tensiones por su llegada a un ministerio que, mientras la resolución esté vigente, deberá ejecutar una política basada en diversidad, derechos humanos e interseccionalidad.
El margen de maniobra existe, pero es acotado. Según la fuente, el nuevo gobierno conserva espacio para decidir cómo llevar la política al terreno: fijar prioridades internas, definir el ritmo de aplicación, repartir recursos y escoger la forma concreta de ejecutar varias de las acciones previstas. Lo que no puede hacer, mientras el acto administrativo siga vigente, es ignorarlo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La resolución 1350 no es una casualidad de calendario: es el instrumento con el que un gobierno saliente intenta prolongar su agenda más allá de su mandato, atando las manos del sucesor mediante obligaciones jurídicas que trascienden el ciclo electoral. Es la táctica del aparato estatal convertida en política pública: lo que no se pudo consolidar en las urnas, se intenta blindar en el boletín oficial.
El principio en juego es de fondo. Una democracia funcional debería permitir que un gobierno electo defina la orientación de su política educativa sin heredar cronogramas y lineamientos ideológicos fijados por la administración anterior a pocos días del traspaso de poder. La pregunta que le queda al nuevo gobierno —y a los colombianos que lo eligieron— es si las herramientas jurídicas disponibles alcanzan para reconducir una política diseñada, precisamente, para sobrevivir al cambio de mando.
