La escena lo dice todo. Mientras el alcalde de Maipú coordinaba con el gobierno central los preparativos ante un sistema frontal que, según sus propias palabras, su comuna «no está preparada ni de cerca para recibir», Tomás Vodanovic tenía la otra mitad de la atención fija en el Senado. Allí, este miércoles, comenzaba la votación en particular de la megarreforma tributaria, con una cláusula que ha puesto en pie de guerra a los jefes comunales de todo el espectro político: la exención universal del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años.
Vodanovic no midió las palabras. «Si no se rechaza, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia», dijo en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera. La frase resume meses de tensión entre los municipios y La Moneda, y abre una grieta que no corre exactamente por donde se esperaba.
Un acuerdo transversal ignorado
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) elaboró una propuesta técnica de consenso —no solo de alcaldes de izquierda, sino de toda la asociación— que planteaba focalizar el beneficio: aliviar la carga a quienes genuinamente tienen dificultad para pagar, pero mantener la obligación para quienes pueden hacerlo. Vodanovic puso nombre y apellido al argumento: el propio ministro Quiroz cumplirá 65 años el próximo año y, bajo la norma propuesta por el gobierno, quedaría exento de contribuciones.
La respuesta del Ejecutivo fue, según el alcalde, «un portazo absoluto a cualquier idea de focalización». El ministro Quiroz, reconoció Vodanovic, «ha tenido disposición a escucharnos, pero no ha tenido ninguna disposición a ceder un milímetro de sus posturas». La diagnosis es clara para el alcalde: el gobierno privilegia cumplir una promesa de campaña por encima de diseñar buenas políticas públicas. «A estas alturas ya es un capricho ideológico», dijo.
La sorpresa en la Comisión de Hacienda
Lo que Vodanovic no anticipaba era la otra fractura: la de sus propios aliados circunstanciales. Los senadores de Chile Vamos, que en reuniones privadas habían mostrado disposición a respaldar el acuerdo de sus alcaldes y rechazar la indicación del gobierno, no votaron en ese sentido cuando llegó la hora en la Comisión de Hacienda. «Debo reconocer que me llevé una sorpresa en esa votación», admitió.
El alcalde fue más lejos y cuestionó el liderazgo del presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, por no haber logrado que los senadores de su sector respaldaran el acuerdo político que sus propios alcaldes habían negociado. «Los alcaldes opositores tuvimos que dar una batalla dentro de nuestros propios partidos», explicó, mientras señalaba que los alcaldes de Chile Vamos «han hecho ese trabajo con menos fuerza».
Los detalles cuentan la historia: hubo conversaciones, compromisos informales y, al final, votos que no llegaron. La trastienda de la Comisión de Hacienda dejó a los municipios en una posición más vulnerable de lo que esperaban.
El fondo del problema: el Fondo Común Municipal
Detrás de la disputa política hay una aritmética brutal. Las contribuciones de bienes raíces son una fuente esencial del Fondo Común Municipal, el mecanismo de redistribución que permite a comunas con menor recaudación propia financiar servicios básicos. Una exención universal —sin distinción de capacidad económica— recorta ese fondo de manera indiscriminada, golpeando con más fuerza a los municipios más pobres, que dependen más de la transferencia que los ricos.
Vodanovic lo planteó en términos netos: si la propuesta del gobierno prospera, los alcaldes quedarán reducidos a «retirar basura, apagar las luminarias a la noche, mantener las plazas y no mucho más». Es decir, el aparato estatal central se queda con el crédito político de la exención, y los gobiernos locales absorben el costo sin compensación.
La lectura de Hemisferio
Hay un principio elemental en juego: cuando el Estado regala un beneficio universal sin focalización, el costo no desaparece, simplemente se traslada. En este caso, se traslada a los municipios y, en último término, a los vecinos que dependen de sus servicios. Que un alcalde de izquierda como Vodanovic sea quien articule con más nitidez el argumento de la focalización —la idea de que los recursos escasos deben ir a quienes los necesitan, no a quienes pueden prescindir de ellos— dice algo sobre el estado del debate en Chile.
La megarreforma avanza. Y con ella, la pregunta de fondo: ¿quién paga la cuenta de las promesas de campaña? La respuesta, por ahora, apunta a los contribuyentes de los municipios más vulnerables.
