La escena lo dice todo. En el recinto de la Magdalena Mixiuhca, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, subió al estrado para entregar cerca de 20 mil apoyos de la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más. Con esa entrega, el programa acumula 100 mil beneficiarios, según aseguró la propia mandataria.
Los requisitos para acceder al beneficio son dos: ser alumno de escuela pública y vivir en la Ciudad de México. Brugada Molina los describió como condiciones mínimas para garantizar que «ninguna historia se detenga por falta de recursos», en palabras que ella misma pronunció durante el evento.
El marco ideológico fue explícito. «Desde los gobiernos de la Transformación consideramos que todos los estudiantes deben de tener derecho a recibir un apoyo económico para contar con condiciones para estudiar», afirmó la jefa de Gobierno. La referencia a «los gobiernos de la Transformación» ubica la iniciativa dentro de la corriente política que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy conduce la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal.
El anuncio más significativo de la jornada no fue la entrega en sí, sino la proyección hacia adelante. Brugada Molina adelantó que el próximo año la beca incrementará su monto y alcanzará cobertura universal, llegando a todos los universitarios capitalinos inscritos en escuela pública. La mandataria no precisó cifras del incremento ni el costo fiscal total del programa en su versión expandida.
Los detalles cuentan la historia. Pasar de 100 mil beneficiarios actuales a «todos los universitarios capitalinos en escuela pública» implica una escala considerablemente mayor, aunque la fuente disponible no consigna el universo total de estudiantes que calificarían ni el monto individual de cada beca. Lo que sí quedó registrado es la dirección del gasto: hacia arriba y hacia una cobertura sin límite de demanda, en tanto el solicitante cumpla los dos requisitos básicos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La Ciudad de México atraviesa una administración que ha hecho de la universalización de apoyos directos su sello distintivo, siguiendo el patrón federal. La lógica es conocida: transferencias sin focalización, distribuidas por criterio de pertenencia institucional —escuela pública— antes que por necesidad económica demostrada. El resultado es un padrón amplio, políticamente visible y de difícil reversión una vez consolidado.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro merece una lectura precisa. Que un joven de familia modesta pueda costear el transporte hacia su universidad es un objetivo legítimo; nadie con sentido común lo discute. El problema no es el fin, sino el método y la escala. Una beca universal —sin verificación de ingreso familiar, sin gradación según necesidad— es, por definición, un subsidio que alcanza por igual al estudiante que lo necesita y al que no. El contribuyente capitalino financia ambos casos sin distinción.
El anuncio de expansión para el año próximo, sin cifras de costo ni fuente de financiamiento identificada en el evento, es precisamente el tipo de promesa que los aparatos estatales acumulan con facilidad y que los presupuestos absorben con dificultad. Cuando la cobertura sea «universal» y el monto sea mayor, el programa habrá adquirido la masa crítica suficiente para convertirse en un derecho adquirido políticamente intocable. Esa es la trastienda de los anuncios que suenan generosos: no es la entrega de hoy lo que define el costo, sino el piso que establece para todas las entregas que vendrán.
