Para entender el presente hay que volver a esa encuesta.
En junio pasado, la firma Echelon Insights consultó a más de mil votantes estadounidenses sobre su percepción de México. El resultado sorprende por su claridad: 44% tiene una opinión favorable del país frente a 34% desfavorable, una imagen neta positiva. Pero el dato que más importa no es ese. Es la distinción que los propios encuestados establecen entre el pueblo mexicano y su gobierno.
Mientras los mexicanos como colectividad reciben una favorabilidad neta de +45 puntos, el gobierno de México registra una percepción negativa de -12. Menos de un tercio de los votantes estadounidenses tiene siquiera una opinión formada sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. El aparato de comunicación oficial existe, pero su huella al norte del Río Bravo es casi invisible.
Hay un tercer número que completa el cuadro: 59% de los encuestados desaprueba a Donald Trump. Eso significa que México no necesita invertir capital diplomático en debilitar al presidente estadounidense. Ya lo hace su propio electorado.
Los detalles cuentan la historia.
La encuesta fue levantada en un momento de alta tensión bilateral. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump no ha aflojado la presión: aranceles, migración, fentanilo, cárteles, declaraciones del FBI y la CIA, filtraciones y una narrativa sostenida que coloca a México como parte del problema. Nadie podría sostener seriamente que a Sheinbaum le ha tocado un escenario sencillo, como señala la analista Alejandra Spitalier en su columna publicada por El Financiero.
Al inicio, según ese análisis, México respondía con disciplina: intervenía cuando era necesario, evitaba amplificar cada provocación y mantenía abiertos los canales de negociación. Esa contención, sin embargo, cedió. La conversación bilateral gira hoy alrededor de conferencias, desmentidos y acusaciones cruzadas en respuesta a declaraciones de funcionarios estadounidenses. El problema, apunta Spitalier, «no es responder, sino a quién».
Ninguna rueda de prensa presidencial modificará la posición política de Trump. Eso ya lo saben en Los Pinos. Pero hay una audiencia diferente, mucho más permeable, que sí puede moverse: los votantes independientes de los estados bisagra, los empresarios, las universidades, las comunidades hispanas.
La encuesta lo confirma con números concretos. Los votantes independientes —quienes habitualmente deciden las elecciones— mejoraron de forma significativa su percepción de México como buen vecino: pasaron de 33% a 52%. Al mismo tiempo creció la oposición a imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. Incluso entre republicanos comienza a observarse una moderación respecto de algunas medidas comerciales. Todo eso ocurre mientras la confrontación retórica entre gobiernos se intensifica.
El contexto electoral amplifica la oportunidad. Los midterms de 2026 —las elecciones al Congreso estadounidense— son uno de los procesos más competidos del ciclo político. La opinión pública puede inclinar distritos completos. Construir simpatía hacia México entre las bases de ambos partidos es, en ese marco, una apuesta de mediano plazo con retorno real.
La escena lo dice todo.
México tiene en este momento algo que los gobiernos suelen perder sin darse cuenta: goodwill acumulado entre la ciudadanía de su principal socio comercial. Ese capital político no se construyó en una mañanera ni en una rueda de prensa de cancillería. Se construyó en décadas de intercambio humano, comercial y cultural. Y puede dilapidarse en semanas si la estrategia de comunicación confunde al adversario con la audiencia.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la lectura es esta: la firmeza soberana es legítima y necesaria, pero debe ser estratégica. Un gobierno que prioriza el libre comercio, la inversión y las instituciones tiene más que ganar construyendo coaliciones en la sociedad civil estadounidense que escalando el intercambio de declaraciones con una administración que ya tiene su propio techo de desaprobación. La diplomacia pública —universidades, empresarios, comunidades, medios locales— produce resultados que ningún decreto puede replicar. El terreno está disponible. La pregunta es si alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene los ojos puestos en él.
