Techies de ambos lados del debate sobre la seguridad de la inteligencia artificial están vertiendo una fortuna en las elecciones legislativas del mes próximo en Estados Unidos, con al menos $48 millones reportados para políticos dispuestos a frenar la tecnología en expansión.
La escena lo dice todo. A puerta cerrada, los protagonistas de Silicon Valley no solo discuten modelos y riesgos: también financian candidatos, comités de acción política y super PACs para intentar inclinar el próximo Congreso.
Entre los grupos que empujan una agenda de regulación figura Guardrails Alliance, respaldado por trabajadores tecnológicos, que ha reunido $11.7 millones y canaliza dinero hacia aspirantes favorables a las reglas, según Axios.
Juan Felipe Cerón Uribe, de OpenAI, quien ha dicho que le interesa «mitigar riesgos catastróficos», ha aportado alrededor de $400,000 a la agrupación política Dream NYC. Esa organización, según AI site Transformer, había canalizado previamente unos $2.5 millones hacia Alex Bores, asambleísta estatal de Nueva York y destacado partidario de la seguridad en IA, para su campaña fallida.
Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic y una de las figuras más visibles entre quienes alertan sobre la IA, ha comprometido $1 millón para Public First, un grupo político enfocado en la seguridad que apoya a candidatos que quieren desacelerar o regular el desarrollo de la inteligencia artificial.
En Minnesota, los llamados doomer de la IA han donado al menos $41,000 a la demócrata Peggy Flanagan, candidata al Senado respaldada por Bernie Sanders, quien ha calificado a la IA de «amenaza existencial» para la humanidad, como informó The Post anteriormente.
Del otro lado, los grupos anti-regulación y proinnovación también están moviendo sumas enormes hacia sus campañas preferidas. El capital de riesgo Marc Andreessen y Greg Brockman, presidente de OpenAI, han puesto $25 millones y $12.5 millones, respectivamente, en el super PAC Leading the Future. Ese comité ha usado su caja de guerra de $149 millones para respaldar a candidatos como Melissa Bean, demócrata moderada y favorable a las empresas, en su distrito congresional de Illinois, según Transformer.
Las donaciones llegan en medio de un debate feroz sobre la seguridad de la IA, con empresas como Anthropic y OpenAI defendiendo pausas en el desarrollo incluso mientras compiten por avanzar su propia tecnología. Al mismo tiempo, se han intensificado las advertencias de que la IA podría dañar a la humanidad y la oposición a los enormes centros de datos que alimentan la industria.
Entre los donantes proseguridad figura Aryan Bhatt, quien trabaja en Redwood Research, una firma con sede en Berkeley, California, y vínculos cercanos con Anthropic. La firma de investigación coescribió el mes pasado un informe explosivo que detalló cómo un enjambre de agentes rebeldes de OpenAI pirateó a la competidora Hugging Face, según registros de financiamiento de campaña.
Bhatt ha donado a candidatos al Congreso, incluido Bill Huizenga, republicano de la Cámara de Representantes, quien ha abogado por estrictas barandas de IA centradas en la seguridad nacional, según OpenSecrets.
Public First Action, orientado a la regulación, ha distribuido fondos a otros comités políticos que apoyan a una variedad de candidatos. Entre sus contribuciones figuran $1.6 millones para la representante de Carolina del Norte Valerie Foushee, demócrata, y casi $1.5 millones para Carlos De La Cruz, candidato republicano al Congreso en Texas, según Transformer.
Anthropic dice que este año ha donado unos $40 millones a Public First Action. Guardrails Alliance, a su vez, ha enviado dinero a los oponentes de candidatos que promueven el crecimiento tecnológico, incluidos $412,500 contra el republicano Aaron Flint en una contienda por la Cámara en Montana, según OpenSecrets.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el dinero dejó de seguir solo a la industria y empezó a perseguir el poder legislativo. Los protagonistas de esta pelea no están financiando ideologías puras, sino capacidad de veto: quieren senadores y representantes capaces de escribir las reglas que fijarán el costo de innovar, el alcance de la regulación y la velocidad con que podrá crecer una de las tecnologías más poderosas de la década.
Y ahí está el desenlace que importa al lector: cuando la política se financia con cheques de ocho cifras, el riesgo no es solo quién gana una elección, sino quién termina capturando la norma. Si la IA va a ser regulada, el país debería saber si esas reglas nacen de deliberación pública o de la presión de los mismos actores que buscan modelar el mercado a su favor.
