La escena lo dice todo. En el Congreso de Aapresid en Rosario, tres organismos multilaterales —CAF, Banco Mundial y BID— compartieron el mismo panel para hablar de financiamiento agropecuario. El auditorio estaba lleno de productores que conocen de primera mano lo que el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, acababa de admitir en voz alta: «El problema del financiamiento agropecuario ya no es de volumen: es de arquitectura».
La ocasión era el lanzamiento formal, ante el sector, de la Estrategia de Prosperidad Agropecuaria de CAF. El programa compromete aproximadamente US$8.500 millones hasta 2030, con una meta intermedia de US$5.500 millones para 2026. Según Asinelli, esa cifra duplica todo el financiamiento histórico que el organismo destinó al agro regional. La estrategia apunta a proyectos vinculados con la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la infraestructura rural y la adaptación al cambio climático.
Entre sus objetivos concretos figuran incorporar al menos 55.000 hectáreas con sistemas de riego para la agricultura familiar y beneficiar a 10 millones de personas mediante iniciativas de seguridad alimentaria hacia el final de la década.
El peso de la región y la paradoja del subfinanciamiento
Los números que Asinelli desplegó en Rosario son difíciles de ignorar. América Latina y el Caribe alimenta a 1.300 millones de personas, concentra el 18,4% de las exportaciones agrícolas mundiales, genera alrededor de US$238.000 millones anuales en exportaciones netas de alimentos, alberga la mitad de la biodiversidad del planeta y posee cerca del 30% de las reservas de agua dulce renovable. El sector agropecuario representa alrededor del 7% del producto bruto regional y genera empleo para más de la mitad de la población que vive en áreas rurales.
Y sin embargo, según el propio ejecutivo, la región alimenta a 1.300 millones de personas «con el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo». Esa desproporción, dijo, es «al mismo tiempo nuestro mérito y nuestro techo».
El potencial hídrico ilustra el mismo patrón. América Latina y el Caribe tiene un potencial estimado de alrededor de 100 millones de hectáreas bajo riego, pero actualmente utiliza menos de 30 millones. A escala global, los sistemas de riego representan apenas el 20% de la superficie agrícola pero generan cerca del 40% de la producción. El margen es enorme; la inversión en infraestructura hídrica, insuficiente.
El tramo que falta
Asinelli fue preciso sobre dónde se rompe la cadena: «Hay recursos multilaterales, hay fondos verdes y hay capital privado interesado, pero todo eso se pierde en el último tramo, que es justamente donde está el pequeño y el mediano productor». La solución que propone no es más dinero sino mejor arquitectura: «La tarea de los próximos años es dejar de superponernos entre organismos, articular mucho mejor con los gobiernos nacionales y con los provinciales, y construir los intermediarios financieros que hoy no existen».
Ese diagnóstico cobra peso cuando se considera que la agricultura familiar representa el 81% de las unidades productivas de la región y produce aproximadamente la mitad de los alimentos, aunque sigue siendo el segmento con mayores dificultades para acceder al financiamiento y a la tierra.
En cuanto a Argentina, Asinelli mencionó proyectos ya en curso: un programa de restauración de ecosistemas en siete áreas protegidas nacionales, desarrollado junto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con una inversión de US$50 millones, además de iniciativas para la gestión y conservación de los bosques nativos de la selva misionera.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Un banco de desarrollo anuncia el mayor despliegue de capital hacia el agro latinoamericano de su historia, y el mensaje central no es la abundancia sino la ineficiencia: el dinero existe y no llega. Esa brecha no es un accidente; es el resultado de décadas de intermediación burocrática, superposición de organismos y ausencia de los canales privados que conectan el capital con quien produce.
La libre empresa tiene aquí una oportunidad concreta: si CAF logra construir esos intermediarios financieros que hoy no existen, el protagonismo debería recaer en el sector privado, no en una nueva capa de aparato estatal. El riesgo opuesto —que US$8.500 millones se conviertan en otro laberinto de ventanillas y requisitos que el pequeño productor nunca logra atravesar— es exactamente el escenario que Asinelli describió como el problema a resolver. La diferencia entre uno y otro desenlace dependerá, en gran medida, de cuánto espacio se le deje al mercado para hacer lo que la burocracia multilateral ha demostrado que no puede hacer sola.
