La escena lo dice todo: una naranja con la piel moteada, el fruto deformado, la cosecha perdida antes de llegar al mercado. Detrás no hay un solo culpable visible a simple vista. Hay un insecto, y detrás del insecto, un microorganismo.
La producción de los principales rubros agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria de Panamá enfrenta una amenaza que opera en dos tiempos. Primero, el daño directo: los insectos plaga atacan raíces, tallos, ramas, hojas, frutos, flores y semillas. Segundo, y más silencioso, el daño indirecto: esos mismos insectos actúan como vectores y transportan virus, bacterias y fitoplasmas hacia las plantas cultivadas.
Entre los casos de mayor relevancia documentados en el país figura el huanglongbing (HLB), enfermedad causada por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus y transmitida por el psílido asiático, Diaphorina citri Kuwayama. Su blanco es la producción citrícola. El nombre de la enfermedad apenas circula fuera de los laboratorios y las fincas, pero sus efectos son concretos: árboles que dejan de producir, frutas que no llegan al consumidor, ingresos que se evaporan.
No es el único frente abierto. Los áfidos de la especie Toxoptera citricida Kirkaldy transmiten el virus de la tristeza de los cítricos, otro golpe al mismo sector. La mosca blanca, Bemisia tabaci, dispersa begomovirus que afectan el tomate y otras plantas de interés agrícola. Y los trips de la especie Thrips palmi Karny están asociados a tospovirus que dañan cultivos como la sandía, el melón, el tomate y la berenjena.
Cuatro vectores. Cuatro cadenas de transmisión. Un denominador común: pérdidas que no siempre aparecen en las estadísticas oficiales pero que los productores del campo panameño conocen de primera mano.
Frente a ese panorama, la investigación básica y aplicada orientada al estudio de estos insectos y los microorganismos que transmiten tiene un objetivo preciso: comprender la relación entre el insecto y el patógeno, establecer programas de vigilancia fitosanitaria e implementar esquemas de manejo integrado. Ese trabajo lo llevan adelante universidades e institutos como el Centro de Investigación Agroecológica del Pacífico Central de Panamá, en coordinación con centros de otros países.
El momento no es casual. Factores como el cambio climático y el deterioro de los ecosistemas pueden tener un impacto directo en la producción agropecuaria, según advierten los propios investigadores. Las condiciones que históricamente contenían ciertas plagas dentro de rangos manejables están cambiando, y con ellas los mapas de riesgo fitosanitario.
Los detalles cuentan la historia. Una plaga que avanza sin vigilancia no solo destruye una cosecha: debilita la cadena de abastecimiento, encarece los alimentos para el consumidor final y reduce los ingresos del productor que ya opera con márgenes estrechos. En un país donde la disponibilidad de alimentos para la población depende en parte significativa de lo que se cultiva dentro de sus fronteras, esa ecuación importa.
Para Hemisferio, el mensaje de fondo es claro: la seguridad alimentaria no se garantiza solo con políticas de subsidio o controles de precios. Se garantiza, en primer lugar, con ciencia aplicada al campo, con vigilancia fitosanitaria sostenida y con instituciones de investigación que tengan recursos y autonomía para trabajar. El aparato estatal puede fijar precios y repartir créditos, pero no puede reemplazar el conocimiento técnico que distingue a un psílido de otro o que diseña un protocolo de manejo integrado.
La libre empresa agrícola panameña necesita ese respaldo institucional para competir, para producir y para alimentar. Sin él, los campos seguirán siendo territorio de insectos que nadie ve hasta que la cosecha ya no existe.
