Para entender el presente hay que volver a esa semana. Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, soldados ecuatorianos llegaron a una finca en San Martín, en la frontera con Colombia. Los trabajadores que estaban allí no tenían, según sus propios testimonios, motivos para sospechar lo que estaba por ocurrir.
Lo que siguió quedó documentado en un informe de 80 páginas publicado este martes por Human Rights Watch (HRW): golpizas, descargas eléctricas y ejecuciones simuladas contra cuatro nacionales colombianos que laboraban en la propiedad. «Me echaban agua y luego me pringaban», declaró uno de los trabajadores, refiriéndose a las descargas. «Me desmayé dos veces al menos», añadió. Otro relató que los soldados los amenazaron con cortarles los dedos o arrancarles las uñas con alicates para forzarlos a confesar dónde estaban las caletas y las armas. «Me apuntaron con la pistola. Me la rastrillaron y me la martillaron, pero no había tiros», dijo.
Horas después, los cuatro hombres fueron liberados cerca de un hospital. Ninguno fue formalmente imputado.
La operación, que funcionarios estadounidenses describieron como «conjunta», incluyó además el incendio de tres propiedades que, según HRW, al parecer no tenían conexión alguna con grupos del crimen organizado, y el posterior ataque aéreo con municiones lanzadas desde el aire sobre dos de esas propiedades, entre ellas una finca lechera.
Drones sobre el Pacífico
Ese no fue el único frente. El informe, titulado «Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador», documenta otros tres incidentes en aguas del Pacífico, frente a las costas de las Islas Galápagos.
El 20 de enero de 2026, la embarcación pesquera Fiorella desapareció junto con la mayor parte de su tripulación. Las circunstancias, según la ONG, apuntan a un posible ataque. El 17 y el 26 de marzo, las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacadas por drones armados de origen no esclarecido. Los sobrevivientes de ambas naves relataron que, tras los ataques, fueron abordados por una embarcación azul y blanca en la que había nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, quienes los detuvieron y los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña.
Ni Washington ni Quito han revelado el papel específico de las fuerzas de cada país en ninguno de estos episodios.
La metodología
Los detalles cuentan la historia. Entre marzo y junio de 2026, los investigadores de HRW entrevistaron a 62 personas, entre ellas víctimas, abogados, testigos y miembros de las comunidades afectadas. Revisaron más de 100 fotografías y videos, imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones, datos de detección de incendios y documentos médicos y judiciales.
La ONG, que investiga y denuncia abusos en más de 90 países, concluye que «cada uno de estos incidentes se relaciona de alguna manera con la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o plantea interrogantes sobre su responsabilidad que ninguno de los dos gobiernos ha respondido adecuadamente». Su recomendación es directa: el Congreso norteamericano debería examinar urgentemente estos incidentes y la relación de cooperación bilateral.
La lectura de Hemisferio
El combate al narcoterrorismo en el hemisferio es una necesidad real, y la cooperación entre Washington y sus socios latinoamericanos es un instrumento legítimo para enfrentarlo. Pero la eficacia no puede ser el único criterio: una alianza que tolera la tortura de trabajadores agrícolas sin cargos, la destrucción de propiedades civiles y la desaparición de pescadores sin explicación pública no solo es moralmente inaceptable, sino estratégicamente contraproducente. Erosiona la legitimidad de la misión, entrega argumentos a quienes buscan desacreditar cualquier esfuerzo de seguridad regional y deja al descubierto a los propios aliados ante la opinión pública y el escrutinio legislativo.
El Congreso tiene aquí una función que cumplir, y no es menor: la supervisión civil del uso de la fuerza es precisamente lo que distingue a una democracia de libre mercado de un Estado que opera sin rendición de cuentas. Que ninguno de los dos gobiernos haya respondido las preguntas centrales no es un detalle administrativo; es el problema.
