El decreto llegó en la noche del martes 11 de agosto, publicado mientras el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella atendía la emergencia por el terremoto que sacudió al país. En medio de la crisis, los nombramientos no se detuvieron. Y el que ocupó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dijo mucho sobre la dirección que De la Espriella quiere imprimirle a la política social.
María Carolina Restrepo Cañavera llega en reemplazo de Adriana Velásquez, quien ocupó el cargo como directora general encargada durante los últimos días. El nombramiento no fue una sorpresa: el presidente lo había anunciado públicamente el 29 de julio, en un video en el que describió a Restrepo como alguien con «una trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica», condiciones que, según De la Espriella, serán «fundamentales para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país».
El perfil de la nueva directora es el de una operadora del sector privado, no del sector social. Abogada de la Universidad Javeriana, cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, estudios en Administración de Empresas en Harvard University, Finanzas Corporativas en el CESA, Negociación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad del Rosario y Fiscalidad Internacional en la Universidad Santiago de Compostela. Es fundadora y socia de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, firma desde la que ha trabajado en inversión extranjera, reorganización empresarial y defensa patrimonial.
Lo que no tiene en su hoja de vida es experiencia directa en infancia o protección de niñez. Ese vacío generó críticas inmediatas, a las que Restrepo respondió sin rodeos en X: «Hay quienes creen que dirigir el ICBF consiste en ser experto en infancia. No. Para eso existen miles de profesionales extraordinarios dentro de la entidad. Lo que hace falta en la dirección es alguien capaz de administrar con rigor una institución que maneja cerca de 12 billones de pesos, acabar con la corrupción, reorganizarla y garantizar que los recursos lleguen a los niños y no a los bolsillos de los corruptos».
La declaración resume el diagnóstico que el gobierno De la Espriella tiene del ICBF: una entidad con recursos enormes y una historia de contratación opaca. El presidente ya había anunciado su intención de reformar el instituto, mejorar sus procesos de contratación y priorizar las canastas nutricionales contra el hambre, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los operadores que han dominado el sistema durante años.
El recorrido político de Restrepo añade una capa de complejidad. Recientemente aspiró al Senado de la República por el Centro Democrático, sin obtener curul. Y antes de ese intento, dejó por escrito sus reparos al Movimiento Salvación Nacional —aliado del gobierno actual—, al que describió en X como un espacio que «no es un referente, y mucho menos para las mujeres», luego de lo que calificó como su primer ejercicio político en esa organización. Ahora deberá trabajar en coordinación con ese mismo movimiento.
Los detalles cuentan la historia. El ICBF no es una entidad menor: es la columna vertebral de la política de protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias en Colombia, y administra uno de los presupuestos sociales más grandes del aparato estatal. Poner al frente a una abogada corporativa especializada en finanzas y reorganización empresarial es una señal de que De la Espriella apuesta por la gestión sobre la ideología, por el control del gasto público sobre la inercia burocrática.
La pregunta que queda abierta es si ese enfoque alcanza. Administrar con rigor 12 billones de pesos en una institución con décadas de contratos viciados exige no solo capacidad técnica, sino voluntad política para enfrentar redes de interés que sobreviven a los cambios de gobierno. Restrepo llega con credenciales para la primera tarea. La segunda la definirá el tiempo —y la trastienda de una entidad que ha resistido reformas antes.
