Ken Salazar volvió a México para presentar su libro en español «Fronteras. Mi lucha por una América Unida» y dejó un mensaje que toca uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad: los gobiernos estatales, dijo, deben estar dentro de la mesa donde se discuten las respuestas contra el crimen organizado.
El exembajador de Estados Unidos en México encabezó una rueda de prensa en la Librería Miguel Ángel Porrúa, donde afirmó que los cárteles «se deben desmantelar» y que la cooperación bilateral debe darse con respeto a la soberanía de ambos países. La escena lo dice todo. Para Salazar, la seguridad no puede seguir tratándose como un asunto exclusivo de los gobiernos federales ni como un tema que se resuelve en una sola oficina.
«Cuando hay confianza, todos deben estar ahí en la mesa», dijo al recordar que durante su periodo como embajador trabajó con el gobierno federal de México, la Fiscalía, el Departamento de Seguridad, la Marina y Sedena. También señaló que «los Estados también tienen un papel grande en la seguridad» y que «los gobernadores tienen mucho que decir».
Su planteamiento llegó después de que Querétaro anunciara una academia policial con apoyo de Estados Unidos y de que se diera a conocer un operativo de la CIA en Chihuahua. En ese contexto, Salazar insistió en que debe haber «un acuerdo como el T-MEC en materia de seguridad» y en que la violencia no puede resolverse por separado. «No es nada más de México, es de Estados Unidos también», sostuvo.
Ese enfoque tiene una lectura clara: la seguridad pública no admite compartimentos estancos. Cuando un país vecino reconoce que el problema lo alcanza también a él, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser práctica. O se construyen mecanismos de cooperación con reglas claras o el vacío lo llenan los grupos criminales, que sí operan sin fronteras.
Salazar también dijo que debe haber una alianza «en marcos durables y legales por ley internacional» que respete la soberanía de México y Estados Unidos. Ahí está el desenlace de su planteamiento: cooperación sí, pero con límites institucionales. No propone subordinación, sino coordinación. Y en un tema donde el costo recae sobre ciudadanos, empresas y gobiernos locales, esa distinción importa.
El exembajador evitó abundar sobre Sinaloa y sobre el caso de Ismael «El Mayo» Zambada. Dijo únicamente que «lo importante es mirar hacia el futuro». Esa evasión contrasta con la dureza de su diagnóstico general, porque el problema de fondo no está en una sola captura ni en un solo estado, sino en la persistencia de redes criminales que obligan a rediseñar la respuesta pública.
En su libro, Salazar plasma cinco pilares: seguridad, comercio, fronteras modernas, migración y diversidad compartida. También resumió su visión con una frase que buscó proyectar continuidad regional: «Somos vecinos, somos familia y el futuro de América del Norte lo vamos a construir juntos».
En la parte política, aprovechó para criticar al gobierno del presidente Donald Trump y su política contra las personas migrantes. Además, dijo que hacia las próximas elecciones en Estados Unidos se verá si el proyecto de Trump será de rechazo o de una nueva etapa de la relación con Canadá, México y el mundo.
Salazar también reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ese gesto no cambia el fondo de la discusión, pero sí revela algo importante: incluso desde Washington, la fórmula de seguridad más sensata sigue pareciendo la misma, coordinación entre autoridades, intercambio de información y reglas que no humillen la soberanía.
Para México, el punto central no es ceremonial. Es estructural. Si los estados tienen un papel grande, como dijo Salazar, entonces la estrategia contra la violencia debe bajar al territorio y dejar de concentrarse solo en el aparato federal. Ahí se juega la eficacia real y también la protección de la libre actividad económica, que siempre es la primera víctima cuando el crimen manda más que la ley.
La discusión que reabre Salazar no es menor. O se acepta que la seguridad requiere orden, instituciones y cooperación entre niveles de gobierno, o se sigue administrando la emergencia con respuestas parciales. Y cuando la violencia ya toca a ambos lados de la frontera, la factura termina pagándola siempre el ciudadano común.
